La pregunta del PP a Irene Montero: «¿Cometió Iglesias violencia contra la mujer al retener el móvil de Dina?»

• Agustín de Grado @a_degrado
• Subdirector y responsable del Área Política en OKDIARIO. Antes jefe de área en ABC, subdirector en La Razón y director de Informativos en Telemadrid.
• • 06/07/2020 19:34
  • Actualizado: 06/07/2020 20:24

El PP ha lanzado este lunes una ofensiva parlamentaria contra Pablo Iglesias por el caso en el que puede acabar imputado por un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos. En la explicación que el líder de Podemos ofreció para justificar que tuviera en su poder la tarjeta de memoria del móvil de su ex asesora Dina Bousselham («protegerla» y «quitarle presión») el PP ha encontrado una mina pues el vicepresidente incurre en un comportamiento impropio de un Gobierno que se autoproclama como feminista.

«¿Comparte el Gobierno la opinión de su vicepresidente segundo de que es necesario proteger a las mujeres adultas mayores de edad sin su conocimiento y sin su consentimiento?», es una de las preguntas que los diputados Luis Santamaría y Carlos Rojas han registrado en la Mesa del Congreso.

Rescatan los diputados del PP una campaña del Ministerio de Igualdad de 2017 bajo el lema «Espiar el móvil de tu pareja es violencia de género» y otra posterior en la que se proclamaba «Si tu chico te controla el móvil, cuéntalo. Hay salida para la violencia de género». Y lanzan otra pregunta: «¿Considera el Gobierno de España que el vicepresidente segundo podría haber incurrido en un caso de violencia contra la mujer?».

Convencidos de que la explicación de Iglesias de no devolver la tarjeta de memoria con información sensible a su legítima propietaria para «protegerla» y «quitarle presión» son contrarias a las políticas de igualdad de las que presume el Gobierno, Santamaría y Rojas ponen la guinda con esta última pregunta: «¿Actuará el Ministerio que dirige la señora Montero contra el vicepresidente segundo del Gobierno por el supuesto caso de violencia contra la mujer en el que podría haber incurrido el señor Iglesias al controlar y retener el móvil de la señora Dina Bousselham?».

Un horizonte judicial se cierne sobre el vicepresidente una vez ha quedado acreditado, gracias a la publicación de unos chats internos del equipo jurídico de Podemos, que retuvo durante meses la tarjeta de memoria del móvil de su ex asesora Dina Boulsselham para devolverla más tarde completamente destrozada.

Iglesias se sirvió de ella para construir un falso relato para, en connivencia con los fiscales del caso, intentar destruir a OKDIARIO y a su director, Eduardo Inda. La estrategia resultó un fiasco, ya que las investigaciones del juez García-Castellón descubrieron que Iglesias tuvo en su poder la tarjeta de memoria mucho antes de la copia que se encontró en poder del ex comisario Villarejo, personaje en torno al cual Podemos construyó la ficción de las ‘cloacas del Estado’. Ahora, Iglesias ha dejado de ser víctima del supuesto robo del móvil y el juez valora si le imputa los delitos de revelación de secretos y daños informáticos.

La reacción furibunda de Pablo Iglesias contra los medios y los periodistas que están dejando al descubierto su trama de engaño es objeto de varias de las preguntas del PP. Así, por ejemplo, Santamaría y Rojas quieren saber si el Gobierno comparte las declaraciones de su vicepresidente cuando tacha de «gentuza» a los profesionales de OKDIARIO, El Mundo y El Confidencial. «¿Considera el Gobierno que las declaraciones de su vicepresidente segundo son propias de un cargo institucional y una clara amenaza a la libertad de expresión?», preguntan los diputados ‘populares’.

Los parlamentarios Santamaría y Rojas van más lejos y apuntan al puesto clave que Pablo Iglesias ocupa en el conocimiento de los secretos del Estado: «¿Puede garantizarnos que no existe en dicha tarjeta de memoria contenido comprometedor para el señor Iglesias dado que es miembro de la Comisión Delegada del CNI y como tal tiene acceso a documentos clasificados?».

En otra pregunta le exigen al Gobierno que manifieste si es capaz de garantizar que «el contenido de la tarjeta del móvil sustraído a Dina Bousselham no supone ningún riesgo ni abre brecha de seguridad alguna en la seguridad nacional».