Los policías denuncian que los fallos en las pulseras no se han resuelto: «Se cruzan víctima y agresor y no salta la alerta»
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por un posible fraude en la compra de los dispositivos para maltratadores
El Gobierno admitió en privado sus dudas sobre la «calidad» de las pulseras antimaltrato pero no hizo nada
Igualdad desoyó durante medio año tres quejas de una víctima por fallos en la pulsera antimaltrato
En septiembre de 2025 se levantó una gran polémica cuando la Fiscalía General del Estado denunció en su memoria anual que se había producido «gran cantidad» de absoluciones de maltratadores por los múltiples fallos en las pulseras telemáticas. Se conoció entonces la baja calidad de los dispositivos y las numerosas incidencias que día a día sufrían las víctimas de la violencia de género, con fallos de geolocalización de los agresores o alarmas que no saltaban ante su cercanía. Fallos que, a día de hoy, siguen produciéndose, según constatan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tal es así que, afirman, los jueces optan cada vez más por la prisión preventiva en lugar de un dispositivo electrónico de control.
El pasado jueves, agentes de la UCO de la Guardia Civil se personaron en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas a solicitar documentación, en el marco de la investigación de la Fiscalía Europea por un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España.
En septiembre, el Tribunal de Cuentas también detectó «graves deficiencias» en la contratación y en el seguimiento del sistema telemático contra la violencia de género. Por ello, decidió fiscalizar los contratos celebrados por Igualdad para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023, vigentes hasta mayo de 2026, todos ellos por un importe total de 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al polémico contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo a fondos europeos.
«Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), retrasos en las reparaciones», indicó el máximo órgano fiscalizador. También se detectó la rotura de los dispositivos por parte de los propios maltratadores. Igualdad admitió aquí un «uso malintencionado» de los agresores.
Dudas sobre la calidad
Públicamente, el Ministerio de Igualdad siempre negó que las víctimas estuviesen desprotegidas, pero las actas de las comisiones de seguimiento revelaron la preocupación interna por la «calidad» de las pulseras.
En concreto, según constató el Tribunal de Cuentas, esa preocupación quedó reflejada en el acta de una reunión de seguimiento de dispositivos, celebrada el 5 de noviembre de 2024: «La subdirectora expresa su preocupación porque los dispositivos no sean de la calidad suficiente para el servicio y usuario para el que están diseñados…» No consta que se adopten medidas al respecto. El departamento de Ana Redondo admitió al Tribunal de Cuentas la rotura de 6.795 dispositivos de agresores y 233 de víctimas.
Ansiedad de las trabajadoras
También llama la atención que los avisos de las trabajadoras de la propia Sala Cometa, encargadas de monitorizar los dispositivos y gestionar las alertas, fueron desoídos por el ministerio.
En diciembre de 2024, en la primera reunión a la que fueron convocadas, las trabajadoras pusieron de manifiesto un grave deterioro en la confianza y en la operatividad del sistema, según se recoge en las actas, «porque no ven que estén protegidas las víctimas, no saben cuántas víctimas y agresores están sin posición GPS, por lo que no son capaces de asegurar la protección de las víctimas». Todo ello provocaba gran preocupación y ansiedad entre las empleadas.
Según el Tribunal de Cuentas, en la reunión de enero de 2025, las trabajadoras continuaron reportando fallos de geolocalización y dificultades para obtener información necesaria para la práctica de prueba testifical en sede judicial. Las quejas siguieron a lo largo de 2025, sin que conste en la documentación remitida que se adoptaran en ese periodo medidas específicas efectivas para resolver la situación. No fue hasta noviembre de 2025, ya en plena polémica, cuando Igualdad encargó una auditoría externa que confirmó las brechas de seguridad.
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