Podemos pide exhumar los restos de Moscardó y Milans del Bosch del Alcázar de Toledo

Podemos va a registrar una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha que insta al Gobierno central a emprender las actuaciones precisas para exhumar los restos de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo, y de los golpistas que están sepultados y puedan ser objeto de culto y exaltación.

Así consta en el texto de la Proposición No de Ley (PNL) que ha detallado en rueda de prensa la diputada regional de Podemos María Díaz, quien ha subrayado que el hecho de que los golpistas enterrados en la cripta del Alcázar puedan ser objeto de culto contraviene lo establecido en la ley de Memoria Histórica.

En este sentido, ha incidido que la ley reconoce y amplía derechos y establece medidas «en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».

La PNL contiene también un segundo punto con el que pretende que las Cortes insten al Gobierno de Castilla-La Mancha a colaborar y coordinarse, dentro de sus competencias, con el Gobierno de España, Ayuntamiento de Toledo y diferentes administraciones implicadas, para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

«Una anomalía en democracia»

En este sentido, Díaz ha señalado que la ampliación del artículo 16 de la ley de Memoria Histórica, aprobada por el Ejecutivo central, abre la posibilidad no solo a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, sino también la exhumación de «quienes no murieron en la guerra civil» y por tanto aquellos que estuvieron en la misma situación que Franco, «sus cómplices», ha recalcado.

De hecho, ha hecho hincapié en que «a estas alturas hay algo que todos los demócratas entienden perfectamente y es que en una democracia es una anomalía y una vergüenza democrática que estos enemigos de las libertades y traidores de la patria tengan sepulturas de estado y puedan ser objeto de culto y exaltación».

Es más, ha asegurado que Podemos está comprometido con la memoria histórica y el objetivo es que «Castilla-La Mancha no sea menos que ninguna otra comunidad autónoma en el cumplimiento de la ley y en la defensa de los valores democráticos».