Iglesias impone a Sánchez vetar al juez Abascal que trabaja en la investigación del ‘caso Dina’

Podemos ha obligado a Pedro Sánchez a vetar al juez Alejandro Abascal, magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 que investiga el uso que Pablo Iglesias hizo de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Podemos ha impuesto este requisito después de que el PP se haya opuesto a la entrada de José Ricardo de Prada en el órgano de gobierno de los jueces.

Abascal es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, ingresó en la carrera en 2008, magistrado desde 2013 y tiene plaza como juez de adscripción territorial (JAT) a disposición del presidente del TSJ de Madrid. Ha estado en comisión de servicio en el Central 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular Manuel García-Castellón, de marzo a diciembre de 2016. Regresó a este Juzgado como juez de refuerzo en febrero de 2019 tras la marcha de Diego de Egea a la Audiencia Provincial. Actualmente, el magistrado Alejandro Abascal se encuentra en comisión de servicio en el Juzgado que instruye numerosas y complejas causas, entre las que destacan las tramas de corrupción Púnica, Lezo o el caso Villarejo.

Negociaciones paradas

Las negociaciones están siendo lideradas por Félix Bolaños (PSOE) y Teodoro García Egea (PP). Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que actualmente las conversaciones se encuentran paralizadas después de que los populares exigieran dejar fuera de las ternas del Poder Judicial a los dos jueces predilectos de Podemos: José Ricardo de Prada y Victoria Rosell.

El caso de José Ricardo de Prada no tiene una connotación tan activa desde el punto de vista de aspirar a cargo político, pero sí desde el punto de vista de la polémica por la sentencia de Gürtel. Y es que, De Prada fue uno de los jueces decisivos en la sentencia que provocó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy y afirmó que el testimonio del ahora ya ex presidente carecía de «credibilidad».

Fue una figura clave para tumbar al Gobierno de Rajoy con la sentencia de la primera época de la Gürtel, donde los populares fueron condenados a pagar 245.000 euros de multa como partícipes a título lucrativo de la trama corrupta. Esto propició la moción de censura del ex presidente del Gobierno popular y llevó a Sánchez a La Moncloa. Además, De Prada se pronunció sobre cuestiones que no formaban parte de objeto del enjuiciamiento.

El magistrado afirmó en la resolución que el Partido Popular creó un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» y contaba con una caja B. Un extremo que no formaba parte de los hechos a juzgar en esa causa, sino de la pieza separada de Gürtel referida a la contabilidad paralela del PP. De Prada es uno de los predilectos de Podemos.

Los de Casado también han exigido apartar a Victoria Rosell, que es todo un clásico del partido morado. En 2016, la juez y ex diputada de Podemos se enfrentó a una querella del ex ministro José Manuel Soria. El caso fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo lo que provocó que Rosell tuviera que renunciar a volver a presentarse a las elecciones en cumplimiento con el código ético de Podemos.

En diciembre de 2016 el caso contra Rosell fue archivado. Y en marzo de 2019 Rosell anunció su vuelta a la política liderando la lista de Unidas Podemos en Canarias para las elecciones generales de abril de 2019. Logró el cargó y volvió a la política. En las elecciones de noviembre de 2019 Rosell volvió a las listas y volvió a ser elegida diputada, aunque renunció al escaño en enero de 2020 para ser nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.