El plan de seguridad de O Marisquiño establecía un control de acceso que no existió

El Plan de Seguridad del festival ‘O Marisquiño’ de Vigo, en el que el pasado agosto 377 personas resultaron heridas al derrumbarse la zona del puerto donde se celebraba, contemplaba un aforo y normas de desalojo que se incumplieron.

El documento que el Ayuntamiento de Vigo que preside el socialista Abel Caballero se niega a entregar a la oposición observa una serie de compromisos a los que el consistorio dio el visto bueno: entre ellos, el número de asistentes (no existió ningún control del aforo) y un plan de evacuación con tres carriles que nunca se llegaron a abrir.

En ese «Plan de Seguridad y Autoprotección’ presentado por la organización del acto, visado por los técnicos municipales del consitsorio y que el alcalde se ha negado a entregar hasta la fecha, se recogen las líneas maestras que un certamen de estas características debía observar. Entre ellas, se subraya un «público estimado de 4.500», y que el recinto tiene un «aforo de 5.000». Asimismo, que «se realizará un sistema de control de aforo en las puertas de acceso teniendo controlado el número de asistentes en todo momento «.

Es la disposición clave de un pliego en el que también se dispuso esa noche el «desalojo total» del público antes de las 3.00 horas y el despliegue de «tres carriles» para facilitarlo. Pero ese plan al que ha tenido acceso OKDIARIO se incumplió, y ahora debe determinar el juez al responsable.

El hundimiento de un muelle de madera el pasado 13 de agosto que se saldó con nueve heridos graves y más de 300 leves está siendo objeto de investigación por parte del Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital gallega. Ya se han interpuesto 66 denuncias en un caso que el consistorio y la oposición han convertido en arma arrojadiza. PP y Marea acusan al regidor y exministro del PSOE de ocultación, mientras que Caballero y su grupo municipal descargan cualquier tipo de responsabilidad en el presidente de la Autoridad Portuaria viguesa, Enrique López Veiga (PP).

Caballero esgrime que el Concello carece de responsabilidades sobre el lugar del siniestro, al tiempo que el Puerto se defiende: la autorización y vigilancia no sólo corresponde al Ayuntamiento, sino que además hay un convenio firmado en 1992  por el que éste se compromete al mantenimiento del recinto durante 50 años. Y en medio de la refriega política, En Marea y BNG han pedido que el parlamento de Galicia investigue lo ocurrido, lo que  de momento no sucederá ante el bloqueo de populares y socialistas en la cámara autonómica.

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo denunció la pasada semana que el festival no tenía licencia municipal como evento global, sino dos “autorizaciones parciales”, para la celebración de conciertos y para un descenso en bicicleta de montaña.

El concierto que pudo terminar en catástrofe no sólo carecía de los permisos adecuados, sino que se celebró sin un estado de conservación adecuado. Lo advirtió en Twitter el PP días antes, y además, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo condenó en 2013 al Ayuntamiento de la ciudad por desatender el mantenimiento de la vía del paseo marítimo afectada por el derrumbe que a punto estuvo de acabar en tragedia.