España
'CASO BEGOÑA'

Peinado no se amilana y ahora exige al Instituto de Empresa los correos de la asesora de Begoña Gómez

La UCO analizará los correos entre el Instituto de Empresa y la colaboradora de Begoña

Peinado encarga a la Guardia Civil el análisis de los emails del caso Begoña

El juez Juan Carlos Peinado no da tregua a la investigación que salpica a la esposa del presidente del Gobierno. En una doble maniobra judicial, el magistrado ha decidido mantener viva la causa contra Begoña Gómez al tiempo que abre un nuevo frente judicial por presunta malversación de fondos públicos. Por ello, el juez reclama reclama al Instituto de Empresa todos los correos de la asesora de la mujer de Sánchez, Cristina Álvarez.

El pasado 27 de septiembre, Peinado respondió a las presiones de la acusación popular liderada por HazteOir para alargar los plazos de instrucción. La organización, representada por la procuradora María Esmeralda González García del Río, no quiere que se cierre el grifo investigativo y ha pedido formalmente que se «acuerde la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la investigación», invocando el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Nuevos correos bajo la lupa de la UCO

Pero la verdadera novedad llega con una segunda providencia del 25 de septiembre, donde el juez pone en el punto de mira al Instituto de Empresa. Peinado quiere desentrañar los intercambios de correos electrónicos entre María Cristina Álvarez Rodríguez y la prestigiosa escuela de negocios.

El magistrado no se anda con medias tintas y exige que la institución académica entregue «a la mayor brevedad posible» toda la correspondencia electrónica enviada y recibida por Álvarez Rodríguez. Estos correos pasarán después por el tamiz de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que deberá elaborar un informe detallado sobre su contenido.

Peinado sospecha que en esos intercambios digitales puede encontrar pistas clave para esclarecer si hubo un uso irregular de fondos públicos, una línea investigativa que se suma a los ya conocidos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por los que se investiga a la esposa de Sánchez.