‘El País’ defiende a los corruptos y criminaliza a los periodistas que descubrieron los casos

El País publica este domingo un artículo que defiende a los corruptos y critica a los periodistas que desvelaron las causas de corrupción, que terminaron judicializadas. Este periódico una vez más, con la firma de José Manuel Romero, aprovecha el artículo sobre ‘Las diez acciones clandestinas orquestadas por la policía de Fernández Díaz’, para arremeter contra OKDIARIO y sus profesionales. El diario de Prisa, que se convirtió en el vocero del felipismo y luego fue el más premiado económicamente por el Gobierno de Rajoy, pretende enlodazar las exclusivas periodísticas de OKDIARIO.

Para el periódico que dirige Javier Moreno, todas las revelaciones periodísticas de este diario forman parte de una correa de transmisión de las cloacas de Interior. Kitchen, Dina, Trias, el dinero de Iglesias en Granadinas, el ático de González y la corrupción de los Pujol, entre otras, respondían a motivaciones espurias, según El País, cuando todas ellas fueron judicializadas.

Olvida El País en su artículo que los afectados por las publicaciones demandaron a este medio ante los tribunales y que todos ellos hasta la fecha han perdido sus acciones civiles y penales. El más denostado ha sido Pablo Iglesias que ha perdido hasta tres veces sus querellas contra OKDIARIO.

El autor de la información, conocido en el sector periodístico como Romerito, sólo menciona a OKDIARIO cuando le cuadra con el guión que ha establecido previamente, sin embargo silencia que fue este periódico quien desveló a finales de 2018 los pormenores de la operación Kitchen y que se había destinado dinero de los fondos reservados para espiar a Bárcenas. Muchas de las informaciones del diario han sido ahora reproducidas por otros medios, entre ellos, El País.

‘Kitchen’

El periódico fundado por Polanco califica la operación Kitchen  como «una chapuza en busca de los secretos de Bárcenas», pero vuelve a olvidar que fue OKDIARIO y no El País, quien publicó esa información. Este periódico desveló el 8 de noviembre de 2018 que Interior pagó durante dos años (en 2013 y 2014) un sobresueldo de 2.000 euros al mes al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, con dinero de los fondos reservados, para que actuara como topo.

Al día siguiente, 9 de noviembre de 2019, OKDIARIO desveló que, una vez cumplida esta misión, el Ministerio de Interior agradeció al chófer los servicios prestados facilitando su ingreso en la Academia de Policía de Ávila, pese a ser el penúltimo de los 254 alumnos de su promoción. Sergio Ríos comenzó a formarse como Policía con 40 años, cuando la edad media del resto de aspirantes es de 25.

El diario de Prisa dice ahora en su información que «Se emplearon cerca de 70 agentes en seguir a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias», pero oculta que eso ya lo publicó OKDIARIO hace dos años.

El informe PISA

Romero dice después sobre el Informe Pisa que el ex DAO Eugenio Pino ordena a sus agentes de confianza que manden al Tribunal de Cuentas un informe letal sobre Pablo Iglesias y Podemos. Pero omite que fue él, cuando era director de los Informativos de La SER quien reprodujo en su página web los documentos del Informe Pisa.

Ahora mantiene: «El llamado informe PISA (Pablo Iglesias S. A.) estaba destinado a dar alimento mediático a tabloides e incluso a medios supuestamente respetables para instalar en el ambiente una mentira: la financiación ilegal de Podemos».

Iglesias y los 272.000 $ de Maduro

El País también ataca a OKDIARIO por destapar un documento que probaba que Pablo Iglesias había cobrado 272.000 dólares del régimen de Nicolás Maduro en una cuenta bancaria del Euro Pacific Bank, ubicado en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas. Explica que el hoy vicepresidente del Gobierno nos llevó ante los tribunales.

Sin embargo, olvida que la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid desestimó la demanda del secretario general de Podemos al no entender vulnerado su derecho al honor. La magistrado sí condena a Iglesias al pago de las costas del procedimiento judicial.

De la misma manera, la juez consideró que la información publicada por OKDIARIO fue veraz, contrastada en fuentes policiales, alejada de una mera invención, de interés general y ajustada a la doctrina del Tribunal Supremo.

Para la juez Gladys López Manzanares prevalece en todo momento el derecho a la información sobre el derecho al honor: “La difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco offshore, con sede en un paraíso fiscal, y su relación con la orden de pago y autorización del mismo realizados por autoridades venezolanas no suponen sin más un ataque al honor del demandante”.

Una sentencia que ha sido ratificada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid que consideró que ante el conflicto creado entre el derecho al honor y el de liberta de información y expresión, «deben prevalecer en este caso… los mencionados en último lugar».

‘Caso Dina’

El caso Dina, en el que se investiga el supuesto robo del teléfono móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, fue una estrategia montada por el propio líder de Podemos para presentarse ante los medios de comunicación como víctima de unas supuestas «cloacas del Estado» y parar la sangría de votos prevista en las elecciones generales de abril de 2019. Así lo ha confesado ante el juez el ex coordinador jurídico de la formación morada, José Manuel Calvente, que está siendo acosado por la guerrilla del partido para evitar que «cuente todo lo que sabe».

El diario de Prisa asegura que «el contenido almacenado en esa tarjeta que más daño podía hacer a Iglesias —unos comentarios machistas sobre una periodista— aparecieron publicados en OKDIARIO días después de que Villarejo, según su agenda, se reuniera con periodistas de ese medio».

Sin embargo, los redactores de El País obvian la declaración del abogado purgado de Podemos en el caso Dina-Iglesias. El letrado explicó al juez que en julio de 2016, cuando se publicó el chat machista de Pablo Iglesias en el que dice que «azotaría hasta que sangrase» a la periodista Mariló Montero, en ningún momento se barajó que esas capturas de pantallas, realizadas por la propia Dina Bousselham y enviadas a terceros, tuviesen un origen ilícito.

Todas las hipótesis –explicó– concluyeron que se trataba de una filtración interna para hacer daño al líder de Podemos tras el cese del ex secretario de organización, Sergio Pascual, y en pleno enfrentamiento entre errejonistas y pablistas. Incluso el propio Iglesia apoyó esa tesis. Tanto es así que no le entregó la tarjeta SD, del teléfono supuestamente robado, a su propietaria hasta meses después porque no se fiaba de ella.

El teléfono fue supuestamente sustraído en noviembre de 2015, y en enero de 2016 aparece la micro SD del terminal en la extinta Interviú a través de un anónimo. En ese mismo momento Antonio Asensio –presidente del Grupo Zeta y en aquel momento dueño de la revista de investigación– le proporciona la tarjeta de memoria al ahora vicepresidente del Gobierno que se la guarda durante meses en su poder y cuando se la devuelve a Dina está totalmente destrozada.

El juez García-Castellón, de acuerdo con los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, retiraron a Iglesias la personación como víctima en la causa alegando que pudo haber cometido delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informático. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha devuelto a Iglesias la personación pero en ese auto esgrime que si el juez instructor considera que el vicepresidente del Gobierno ha cometido un delito lo remita «al órgano judicial que ostente la competencia para ello». En el caso del líder de Podemos, debido a su condición de aforado, el órgano competente es el Tribunal Supremo.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, acaba de remitir un informe al instructor, en el que recoge el testimonio de Calvente, y alude a la comisión un nuevo delito: denuncia falsa o fraude procesal por parte de Iglesias. El abogado purgado de Podemos reveló que Iglesias montó junto a Irene Montero, Juanma del Olmo y Rafael Mayoral un «gabinete de crisis» para el montaje del caso Dina.

Ático de Ignacio González 

Los redactores de El País en su artículo arremeten contra los periodistas que desvelaron el ático de Ignacio González y aseguran que fue una operación del PP para cargarse al político, pero olvida que ese mismo diario publicó noticias sobre este asunto como: ‘El juez ordena más pruebas sobre los flujos de dinero del ático de Ignacio González’; ‘La UDEF ve «irregularidades y lagunas» en la compraventa del ático de Ignacio González»; o ‘El PP abre un expediente a Ignacio González tras ser imputado por su ático’, entre otros artículos que aparecen en su hemeroteca.

Trias perdió la querella

Romero continúa su artículo con un epígrafe titulado: La inexistente cuenta suiza que hundió al alcalde de Barcelona. Nuevamente, El País olvida que Xavier Trias llevó ante la Justicia las informaciones publicadas por Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta y, nuevamente, un tribunal les dio la razón.

El ex alcalde de la Ciudad Condal se querelló contra los periodistas por un delito de calumnias graves con publicidad y pidió al tribunal una pena de prisión de un año y tres meses con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas procesales causadas. También reclamaba de manera solidaria la suma de 100.000 euros por unos supuestos daños morales.

Según el titular del Juzgado de los Penal número 20 de Madrid, Ignacio Ubaldo González Vega, en una sentencia absolutoria a favor de los periodistas, la información  “era de interés público, no se trataba de un simple rumor o insinuación y provenía de una fuente seria y fiable”. Además, fue contrastada con “datos objetivos”.