El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias reconoce que compró 2.000 test privados de coronavirus para su equipo para esquivar los «retrasos» en la Sanidad Pública. Así consta en una respuesta por el Portal de Transparencia a OKDIARIO sobre el encargo que adjudicó a dedo a la empresa privada Abbott Rapid Diagnostic Healthcare.
Tal como avanzó este periódico, el entorno de Pablo Iglesias firmó un contrato menor por casi 11.000 euros para asegurarse 2.000 pruebas diagnósticas de antígenos para un Servicio Médico especial que existe en el edificio que acoge los ministerios de Sanidad, Consumo y Derechos Sociales. Para recabar más información sobre esta adquisición al margen del sistema de compra centralizado del Estado, el departamento liderado por el jefe de Podemos dice que había retrasos para pasar un test por la vía de la población general.
«Desde el 13 de marzo de 2020 y debido a que el personal de Sanidad fue declarado como personal esencial, se consideró necesario, para reforzar la asistencia de la Sanidad madrileña durante la pandemia dado el retraso que se estaba produciendo en la realización de pruebas, que el Servicio Médico llevara a cabo la toma de muestras de las pruebas PCR a aquellos empleados públicos de los tres ministerios que cumplieran con los criterios dispuestos por el Ministerio de Sanidad», exponen.
Explican que estos trabajadores adscritos al Ministerio de Iglesias, y no de Salvador Illa, está compuesto por tres profesionales (una jefa médico, una fisioterapeuta y dos enfermeros). Asisten al «personal funcionario, laboral y altos cargos de los tres ministerios» en la planta baja del edificio del Paseo del Prado número 18 con «los materiales habituales en cualquier Servicio de Salud Laboral». Entre sus funciones está, según dicen, «la vigilancia de la salud, asistencia en caso de accidentes de trabajo y enfermedades derivadas, y, debido a la pandemia producida, se ha incluido el realizar labores de apoyo al Sistema Nacional de Salud».
Aseguran que se sigue así los protocolos dictados por Sanidad. Esto es «el diagnóstico precoz de los casos, el control y seguimiento de los contactos en el ámbito laboral y la comunicación de los datos a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid en los plazos y formas para ello establecidos».
Contactos estrechos
Por ello, a través de esta vía, se han diagnosticado a «empleados públicos con síntomas compatibles con la enfermedad o los contactos estrechos de personas diagnosticadas confirmadas por alguna prueba diagnóstica, encargándose, asimismo, de su conservación, traslado a laboratorio, análisis de resultados y seguimiento de la evolución de los mismos». Así, abren la puerta a hacer test a personal ajeno al Ministerio pero en contacto con funcionarios y altos cargos.
Detallan que han localizado una decena de positivos. «El Servicio Médico lleva a cabo tanto pruebas PCR como de antígenos. Desde la compra de los test de antígenos, el referido Servicio ha llevado a cabo 93 test, de los cuales 10 han resultado de carácter positivo», explican.
Hipertensión e infecciones
Así, el Ministerio asegura que «a lo largo del año 2020, el Servicio Médico ha prestado, aproximadamente, unas 2.000 asistencias (incluyendo las consultas sobre Covid-19), de las cuales alrededor de un 15% han sido urgencias que han requerido traslado a algún centro de asistencia superior (mutua u hospital)». Explica que en estos tres ministerios se ha vivido una tensión extrema. «Las intervenciones más frecuentes en 2020 han sido: tratamiento de cuadros hipertensivos y los cuadros de infección respiratoria aguda».
Gracias a este servicio los gabinetes de Pablo Iglesias (Derechos Sociales), Alberto Garzón (Consumo) y, ahora, Carolina Darias (Sanidad) se aseguran la realización de pruebas Covid-19 con mayor rapidez. Fue el 13 de octubre de 2020, cuando se cerró el contrato menor a través de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de la Gestión Económica de la Vicepresidencia Segunda.
Del mismo modo, hace poco el equipo de Pablo Iglesias también dotó a este Servicio Médico de «un servicio de retirada de residuos originados por las labores que, con motivo del Covid-19, son originados en este gabinete médico» por 18.029 euros (con IVA incluido), un «desfibrilador bifásico» de 1.573 euros y una «camilla» de 1.869 euros, todo ello mediante la fórmula de contratos menores.
Un detalle que llamaba especialmente la atención es que finalmente Podemos da por buenos los test de antígenos. Aunque en un primer momento criticó al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso por sustituir las pruebas PCR por este sistema mucho más rápido, ahora por la vía de los hechos se suman al carro de este avance a la hora de detectar la enfermedad del coronavirus.
