Nuevo varapalo de la Fiscalía al juez De Prada: recurre su segunda absolución de la etarra Anboto

Desde la Fiscalía, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, le han plantado cara de nuevo al magistrado de la Nacional José Ricardo de Prada, y volverán a recurrir una absolución en la que este juez, que Podemos quiere dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), absuelve a la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’.

Esta etarra está considerada como la mujer que más alto ha llegado dentro de la cúpula de ETA, con permiso de la malograda Yoyes. Pero pese a lo sanguinario de su currículum, cumple dos condenas por ordenar atentados, ha sido absuelta de sus dos últimas causas en la Audiencia Nacional siempre con el voto a favor de los mismos magistrados: José Ricardo de Prada y José Antonio Mora Alarcón.

Por suerte para la Fiscalía, y de cara al recurso, en ambos juicios había un tercer magistrado que, a la hora de emitir la sentencia, ha redactado un voto particular que ha servido de anclaje al Ministerio Público para recurrir los fallos. En la primera de las causas fue la magistrada María Fernanda García Pérez quien se mostró en contra de la absolución y, ahora, ha sido su compañero en la Sección Segunda Fernando Andreu.

En la primera de las absoluciones, en la que Anboto salió libre pese a la petición de 71 años de cárcel por su participación en un atentado en Oviedo en 1997, se hizo un recurso por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de una dureza sin precedentes, tal y como publicó en exclusiva OKDIARIO. En ese recurso, desde el Ministerio Público se reiteraba en diversas ocasiones que José Ricardo de Prada había actuado con «arbitrariedad». De hecho, fue tan duro el recurso, que Jueces y Juezas para la Democracia, asociación a la que pertenece De Prada, emitió un comunicado a favor de su asociado.

Ahora, apenas mes y medio después de esa primera sentencia y recurso, la Fiscalía del Supremo prepara otro rejonazo jurídico para José Ricardo de Prada y Mora Alarcón, que es el ponente en esta sentencia. En este juicio, Anboto estaba acusada de haber participado en 1985 en la colocación de un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de toda solvencia, el recurso irá en la línea de lo expresado por Andreu en su voto particular. Dos hechos serán el eje principal del mismo. El primero es la declaración de uno de los etarras que participó en el atentado quien, pese a los años transcurridos, ha seguido manteniendo que Soledad Iparraguirre era la persona que estaba con el comando cuando se cometió el hecho criminal. Una declaración que no se ha tenido en cuenta en la sentencia. De hecho, ni la han recogido.

El segundo punto que primará en el recurso es que aparecieron las huellas de Anboto en el lugar del atentado. En un primer informe, del año 1985, no se pudo acreditar que esas huellas fueran de ella. Pero no se pudo acreditar porque en esa época aún era un miembro legal sin fichar. Sin embargo, años más tarde, cuando se tuvieron las huellas en una ficha policial y se cruzaron, se realizó un informe pericial en el que se aseguraba que pertenecían a esta etarra.

En la sentencia firmada por De Prada y Mora Alarcón se prima el primer informe. Es más, las fuentes consultadas explican que “han confundido un informe de toma de huellas, con un informe pericial, y eso se lo dice Andreu en la sentencia, y se va a utilizar en el recurso”. Las mismas fuentes no salen de su asombro de que ambos magistrados “no se hayan dado cuenta de que no podían saber que era Anboto en el informe del 85 porque no estaba fichada”.

Anboto

Soledad Iparraguirre está considerada como una de las etarras más sanguinarias de la historia de ETA. Primero como miembro legal, y posteriormente, tras ascender hasta la cúpula de la organización, como jefa de los comandos legales de la organización terrorista. Condenada en Francia, Anboto fue extraditada a España para que pudiera ser juzgada de las 13 causas que tenía pendientes.

Actualmente cumple dos condenas. La primera, de 61 años de prisión, por ordenar el atentado contra los policías nacionales que se encontraban vigilando la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao en enero de 1995. En aquel atentado fue asesinado un agente y otro resultó herido de gravedad. En el mismo juicio también resultó condenada por el ataque a una entidad bancaria en Guecho en 1994.

La segunda, de 122 años de cárcel, le fue impuesta por ordenar y facilitar material para cometer otro atentado. Fue el del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en Léon, que falleció en el acto.