El nuevo fiscal general del Estado colaboró con el laboratorio de ideas del PSOE en Galicia

Álvaro García Ortiz (Salamanca, 1967), durante estos años número dos de Dolores Delgado, ha sido nombrado nuevo fiscal general del Estado. Y como en el caso de su predecesora, su afinidad con el PSOE es pública. La imagen que acompaña esta información es buena prueba: García Ortiz participando en un acto previo a la campaña electoral de los últimos comicios autonómicos en Galicia. El hoy fiscal general del Estado aceptó la invitación del entonces líder del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, para colaborar en el laboratorio de ideas socialista que tenía como objetivo crear «una Galicia sostenible».

Frente a Feijóo

También ha dirigido investigaciones sobre incendios y fue quien realizó el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas de los incendios forestales de octubre de 2017, después de que el entonces presidente de la Xunta y ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablase de una actividad «delictiva homicida» y llegase a plantear el delito incendiario como «terrorista». García Ortiz fue tajante al respecto tras el análisis de la Fiscalía y aseguró que no tenían «evidencias de la existencia de ninguna trama» incendiaria.

Durante varios años, Álvaro García Ortiz fue también miembro del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía, por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió y a la que también pertenecía Dolores Delgado hasta que ocupó la cartera de ministra de Justicia, antes que la de fiscal general.

Los vínculos del nuevo fiscal general del Estado con el PSOE al menos no son tan burdos como los que mantenía Dolores Delgado, a quien Pedro Sánchez utilizó para provocar en la imagen de neutralidad de la Fiscalía General del Estado una involución de 30 años. Aunque fiscal de carrera, Dolores Delgado no sólo había sido ministra de Justicia con Sánchez, sino también la quinta en la lista que el presidente del Gobierno encabezó en Madrid en las elecciones generales de 2019.

Sólo había un precedente como el de Delgado en la democracia española: cuando Felipe González ‘nombró’ a Leopoldo Torres en 1990. «No pienso pedir perdón por mis 17 años de militancia en el PSOE y la UGT», declaró Leopoldo Torres, diputado en el Congreso desde 1979 y con varios cargos orgánicos en el PSOE a sus espaldas, al ser designado fiscal general del Estado seis meses antes de que comenzara en la Audiencia Nacional el primero de los juicios de los GAL, el caso que acabó con José Barrionuevo, entonces ministro socialista de Interior, en la cárcel tras haber visto a Felipe González declarar como presidente del Gobierno en el Tribunal Supremo.

Aviso de la UE

La Comisión Europea urgió la semana pasada a España a reforzar el estatuto del Fiscal General del Estado para salvaguardar su independencia y romper su vínculo con el Ejecutivo. El informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea instaba a España a «fortalecer el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de los términos de la oficina del Fiscal General de la del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la acusación»