La nº 3 de Montero defiende la rebaja de penas a 573 violadores: «La justicia feminista no es punitiva»

La número 3 de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Victoria Rosell, ha reivindicado una «justicia feminista», que no debería ser «ni patriarcal ni punitivista». Así se ha expresado en relación a las rebajas de pena que se están produciendo gracias a la ley del Sólo sí es sí. Rosell ha participado este sábado en una de las mesas de debate del Encuentro Internacional Feminista We Call It Feminism, organizado por la cartera Igualdad.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no se oculta en sus ataques al «punitivismo» del que acusa a la oposición por su propuesta de aumentar las penas y cortar así la sangría de excarcelaciones y rebajas que está provocando la Ley Montero, de la que ya se han beneficiado casi 600 violadores. «Sabemos lo que no es la justicia feminista: ni una justicia patriarcal, punitivista, neoliberal o ciega que individualiza a la víctima y por lo tanto la aísla, no repara», ha insistido en este encuentro feminista con organizaciones de otros países.

Se trata de una mención expresa hacia la propuesta de elevar las penas a los delitos sexuales, tanto los abusos como las agresiones que la ley del sólo sí es sí ha fusionado en un mismo ilícito penal. Una formulación legal que ha conllevado la rebaja de penas a 573 violadores y la excarcelación prematura de alrededor de medio centenar de agresores.

Además, ha asegurado desde un salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid que «en nuestra formación en la carrera judicial aprendemos muchos textos y muy poco contexto», en referencia a sus críticas a los jueces que han aplicado rebajas de penas y a quienes viene señalando desde el inicio de la polémica.

«Se habla de justicia neutral, pero el ordenamiento jurídico que tenemos no es neutro. Proviene de un pater familias del derecho romano que era dueño de sus esclavos, de sus hijos y por supuesto de su mujer. El derecho tiene género, y no es precisamente el nuestro», ha afirmado.

«Ahora que nos hablan tanto de datos y de sentencias, yo repasaba uno sólo: según el Consejo General del Poder Judicial, el año pasado en España hubo 46 violaciones y 3 tentativas. Porque son las condenas que hay. Yo creo que cada una de nosotras conocemos tres tentativas de violación el año pasado», ha asegurado.

«Quita seguridad»

No es la primera vez que Rosell insinúa su aprobación táctica de la rebaja de penas. Ya el pasado mes de enero sostuvo que «el punitivismo no sólo no da más seguridad a las mujeres, sino que nos la quita». La número 3 de Montero criticó que, en el debate por la conocida como ley del sólo sí es sí -que ha provocado la revisión de 573 condenas a la baja de decenas de agresores sexuales- se defiendan mayores penas para estos delincuentes.

«Tenemos un marco muy organizado a nivel europeo e internacional, como en EEUU y Brasil, de véndeme tu libertad a cambio de una falsa seguridad y de un punitivismo que no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos, porque de hecho es contrario a ello. El punitivismo no sólo no da más seguridad a las mujeres, sino que nos la quita», defendió la alto cargo de Igualdad, en plena polémica por la excarcelación de violadores.

En ese contexto, Rosell criticó que «cuando Vox pide prisión permanente revisable, lo hace porque así aísla el problema, como si la solución fuera penal y deja a la mujer sin el paraguas de lo colectivo, diciéndole yo tengo la solución, cojo a este señor, le encierro y tiro la llave». Esto, destacó, «crea muchísima inseguridad, es una base muy clara de feminismo jurídico, que llevamos muchos años estudiando estas cosas».

«Cuando el debate es de brocha gorda, todo el mundo dice, vaya error, vaya error», se quejó Rosell en una entrevista del pasado mes. Además, volvió a señalar a la Justicia, indicando que «hay 200 jueces remando en contra» y señalando incluso que los magistrados actúan con «voluntarismo». «Si tienes que sacar a un tipo de prisión, tienes que hacerlo cuando entra en vigor la ley y no cuatro meses después», subrayó.