Montero dice que el género no existe mientras gasta 100.000€ en una campaña dirigida sólo a hombres

«¿Existen los hombres y las mujeres?», preguntaba retóricamente la ministra de Igualdad Irene Montero en una entrevista hace apenas unos días. La polémica de sus palabras fue tal que varios colectivos feministas pidieron su dimisión. Además de las reacciones, los comentarios de Montero chocan frontalmente contra una de las últimas decisiones de su ministerio: dedicar 100.000 euros a la elaboración de una campaña sobre violencia de género dirigida exclusivamente «a la población masculina».

El pasado 6 de agosto, el Ministerio de Igualdad otorgaba un presupuesto de 100.000 euros de dinero público a un «servicio de creatividad, diseño, realización y producción de una campaña de concienciación social contra la violencia de género dirigida a la población masculina durante 2020».

El pliego en sí no responde a las peticiones que hizo la propia Montero en la polémica entrevista, en la que se llegó a preguntar «¿Cuál es el nivel de hormonas que tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres?” o «¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer?».

Estas inquietudes no son nuevas en la ministra y han sido expresadas en más ocasiones siendo un punto de disputa entre las feministas, que defienden que sí existe un género biológico que debería determinar ciertos aspectos de la vida y, en especial, las regulaciones en materia de violencia de género.

A pesar de mantenerse firme en sus creencias sobre la no existencia de diferenciación en los sexos, Montero sí ha decidido partir en tres una campaña destinada a luchar contra, precisamente, la violencia de género. Una de ellas irá destinada a la población en general, otra a los adolescentes y, por último, una va dirigida exclusivamente al hombre.

«Estereotipo masculino»

Según reza el pliego firmado el pasado 2 de junio —todavía en estado de alarma— por la directora de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, el objetivo de esta campaña es «acabar con el estereotipo masculino de hombre que para encajar en su rol de género debe ser necesariamente machista, tolerando y reproduciendo estas conductas, para mostrar que un hombre feminista también es un hombre», subraya el texto.

En este sentido, el departamento de Irene Montero pondrá todo su empeño en «hacer conscientes a los hombres de todas las conductas que normalmente no consideran violencia de género pero que sí encajan en este concepto por el Convenio de Estambul y que desarrollan de forma normalizada en la sociedad».

Junto a ello, el Ministerio habla aquí de un «objetivo secundario» de la campaña y alude a «no revictimizar ni responsabilizar a las mujeres». En este punto, el Ejecutivo socialcomunista señala que «normalmente se asocia la llamada revictimización o victimización secundaria a la negligencia del sistema judicial, policial o legal (a través de abogados, jueces o policías) que sirve para aumentar la indefensión de la víctima y su malestar al no protegerla cuando decide emprender un proceso de denuncia en materia de violencia de género».

Dimisión de Montero

Podemos impulsa un proyecto de Ley Integral de Transexualidad que permitirá a cualquier ciudadano definir su identidad sexual como una mera decisión personal, independientemente de sus atributos. No será precisa una operación de cambio de sexo, ni siquiera un examen médico. La réplica de las asociaciones feministas no se ha hecho esperar: «¿Dónde queda la lucha de los derechos de la mujer, si cualquier puede definirse como mujer por un simple acto de voluntad?».

La crítica más feroz le ha llegado a Montero desde el colectivo Mujeres por la Abolición: «No queremos leyes que permitan a violadores entrar en cárceles de mujeres. No queremos leyes que permitan ser mujer a ningún varón. Una ministra feminista derogaría la Ley registral de cambio de sexo de 2007, Irene Montero quiere ampliarla. Irene dimite ya».

Las feministas también reprochan a la ministra que rechace prohibir la prostitución. En el fondo de la polémica, la lucha entre los dos socios del Gobierno, PSOE y Podemos, por hacerse con el control del movimiento feminista como reclamo electoral.