Moncloa reconoce que el dinero que envía a Palestina puede acabar en manos de los terroristas de Hamás

El Gobierno de Pedro Sánchez admite por escrito que no puede asegurar fehacientemente que el dinero público español enviado a Palestina, en forma de ayuda humanitaria o para el desarrollo, no acabe en manos del grupo terrorista Hamás o de alguna otra facción islamista. El Ejecutivo reconoce que el desarrollo y los resultados finales de los proyectos que financia en territorio de Gaza se vigila desde unos 100 kilómetros de distancia, concretamente desde una oficina de Jerusalén. En los últimos 4 años se destinaron 100 millones de euros públicos a Palestina.

«No se tiene conocimiento de casos en los que el destino de la ayuda no se haya dedicado a la finalidad concedida», asegura el Gobierno en un escrito registrado en el Congreso de los Diputados a petición de Vox. Una afirmación que no descarta que se haya producido una fuga de dinero hacia fines criminales o terroristas, sino que simplemente no ha sido detectada.

El Gobierno asume que «la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) cuenta con mecanismos de seguimiento y control que aseguran que la financiación es destinada a los fines para los que fue concedida». Sin embargo, explican, «estos controles se realizan por la Oficina de la Cooperación Española en Jerusalén y la sede central AECID». Es decir, desde Madrid y desde una oficina consular a unos 100 kilómetros de distancia de Gaza y sin acceso continuo al territorio en el que se reparte la ayuda a organizaciones no gubernamentales (ONG) o al Gobierno de Hamás.

Según las fuentes consultadas, los técnicos de la AECID destinados en Jerusalén organizan varias veces al año «misiones» a Gaza, visitas oficiales que se realizan tras solicitar una invitación formal al gobierno gazatí de Hamás. Sobre el terreno, este tipo de visitas -relatan estas fuentes diplomáticas- son viajes «guiados» por representantes de Hamás, que muestran alguno de los proyectos en marcha «sin entrar en detalles» sobre el uso de los fondos empleados. Los funcionarios de Gaza «enseñan casas bombardeadas o les llevan a ver los repartos de comida del Programa Mundial de Alimentos, y luego a almorzar. Pero papeles, documentos y pruebas de dónde están los millones entregados, ninguna», denuncian.

Consultas en bases de datos

Según explica el Gobierno, estos controles se realizan «siguiendo un procedimiento que asegura el cumplimiento de la legislación contra la financiación del terrorismo y que incluye, entre otros pasos, la consulta a bases de datos de medidas restrictivas de las Naciones Unidas y la UE, como paso previo a la aprobación del gasto». Es decir, antes de aprobar un desembolso de dinero a una organización o persona concreta, se comprueba que el destinatario no esté directamente vinculado a un grupo terrorista. En esas consultas, sin embargo, no se tiene en cuenta la información de inteligencia que aporta el Gobierno de Israel.

Además, señala el Gobierno, las ayudas y el empleo de fondos públicos en programas de desarrollo en Palestina tienen un control «a posteriori», dejando en manos de la Intervención General de la Administración del Estado la «justificación» de estos fondos. Es decir, «funcionarios desde Madrid comprobando que las obras o proyectos consignados en la franja de Gaza se han realizado, y que todo o parte del dinero no se ha ido a otras cosas», explican.

Dinero público a Palestina

Desde que España comenzó a enviar dinero a Palestina en forma de ayuda al desarrollo, hace ya tres décadas, en total se han enviado unos 900 millones por esta vía. Entre 2020 y 2024, Moncloa y Exteriores consignaron en su plan de subvenciones para Palestina más de 100 millones de euros, dirigidos principalmente a potenciar los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030.

A ello hay que sumarle las aportaciones a la agencia de la ONU para Palestina, la UNRWA, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha seguido apoyando pese a las pruebas presentadas por Israel de la participación de trabajadores de esta agencia en los atentados terroristas cometidos por Hamás el pasado 7 de octubre. A los 23 millones entregados en 2023 se suman los 20 extraordinarios anunciados por el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo.