Moncloa consulta a la Abogacía del Estado si puede aplicar un 155 para cerrar Madrid en Semana Santa

• Pelayo Barro @pelayobarro
• Periodista de la sección Nacional. Especializado en información de Interior y Defensa.
• • 12/03/2021 06:45
  • Actualizado: 12/03/2021 08:24

El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su batalla política contra Madrid por la negativa de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a asumir el cierre perimetral en Semana Santa y el puente de San José. Entre las medidas que Moncloa analiza se encuentra la aplicación del mecanismo contemplado en el artículo 155 de la Constitución para arrebatarle temporalmente las competencias sanitarias por ‘rebeldía’. Ya ha elevado una consulta de «asesoramiento verbal» al respecto a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

Todo ocurre en medio del terremoto político desatado por Inés Arrimadas girando Ciudadanos hacia el PSOE, que ha llevado a la presidenta a disolver la Asamblea y convocar elecciones. Moncloa quiere saber si el actual estado de alarma le permite el 155 y si la condición actual del Gobierno de Ayuso le facilitaría su aplicación.

El 155 se cierne sobre Madrid. La Presidencia del Gobierno ha cogido el guante que le lanzó la Comunidad este miércoles cuando, en palabras del consejero de Sanidad madrileño, Enrique García Escudero, Madrid anunció que no tenía previsto cerrar su perímetro territorial de cara a las próximas fechas festivas. «No es una decisión política, es una decisión técnica», advirtió García Escudero, alegando que no hay ninguna prueba científica sobre que estos cierres tengan efectos beneficiosos para la situación epidemiológica.

El anuncio oficial de la postura de Madrid, esperada por Moncloa después de conocer que fue la única región que votó ‘no’ al documento aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), desató la reacción de Presidencia de Gobierno. En pleno terremoto político en Madrid, con la Asamblea disuelta y la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo, Moncloa inició su siguiente movimiento de fichas: tramitar una consulta a la Abogacía General del Estado para determinar si es posible la aplicación de un ‘155’ a Madrid en el escenario legal del actual estado de alarma.

Consejo legal para cerrar Madrid

Según ha sabido OKDIARIO de fuentes de la Abogacía del Estado, la consulta se realizó por teléfono, el miércoles bien entrada la tarde. La comunicación se produjo desde el Gabinete de Presidencia de Moncloa (que tiene a Iván Redondo al frente) a la Abogacía General del Estado (dirigida por Consuelo Castro, a quien se le atribuye la arquitectura legal que rebajó la acusación de rebelión a sedición a los golpistas del 1-O).

Se tramitó ante las altas instancias del órgano estatal en forma de petición de «asesoramiento verbal». Una figura muy habitual en el trabajo diario de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que se suele utilizar para cuestiones que necesiten una rápida resolución y no requieran de un dictamen por escrito. Es frecuente también, explican fuentes próximas a este organismo, en asuntos políticamente sensibles, ya que no queda prueba documental del contenido de la consulta más allá del apunte que se realiza a modo estadístico para que quede reflejado en la memoria anual de la Abogacía del Estado.

Según las fuentes a las que ha tenido acceso OKDIARIO, esa consulta giraba en torno a tres aspectos básicos. El primero, si la negativa de Madrid a asumir el cierre perimetral pueda ser considerado como un incumplimiento de una ley que atente gravemente al interés general de España (premisa básica del 155).

La segunda cuestión planteada por Moncloa a los asesores de la Abogacía del Estado hacía referencia a si la redacción del actual decreto del estado de alarma, que asume la cogobernanza y deja a las comunidades el poder de decisión sobre qué medidas aplicar para el control de la pandemia, obliga efectivamente a Madrid a acatar las normas dictadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y si en caso de incumplimiento, habilita al Gobierno a activar ese 155.

La tercera, la más cercana a la actualidad, es significativa: Moncloa quiere saber si la situación política de Madrid, con la Asamblea disuelta -con la orden ya publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid- y un Gobierno a la espera de las urnas, puede tener algún tipo de efecto e incluso si facilitaría el trámite del 155 en caso de que se pudiese acreditar esa ‘rebelión’ contra una decisión sanitaria.

Moncloa espera respuesta

Estas cuestiones fueron trasladadas a un equipo de abogados del Estado que, según aseguran las fuentes consultadas por OKDIARIO, ya trabaja en su resolución. No hay fechas establecidas para la respuesta, pero esos asesoramientos verbales suelen resolverse de manera rápida. Posiblemente, dicen las mismas voces, antes de que termine esta semana.

En caso de que el Gobierno recibiese un dictamen legal positivo, el 155 pasaría a contemplarse como una de las herramientas a aplicar a Madrid si persiste en su idea de no cerrar en Semana Santa. De llevarlo adelante, antes de todo ello, el Gobierno debería enviar un requerimiento por escrito a la presidenta madrileña instándola a cumplir ese decreto.

De no ser atendido, el PSOE necesitaría una mayoría absoluta en el Senado. Con su actual composición y los pactos que mantienen los de Sánchez con sus fuerzas afines, la aritmética parlamentaria en la Cámara Alta no sería un problema. Y quedaría por ver la posición que asuma Ciudadanos, en guerra abierta con Ayuso tras la ruptura del Gobierno regional.

Otro pulso Sánchez-Ayuso

En vista a estos movimientos, Moncloa muestra que está dispuesta a escenificar una nueva ruptura con Madrid como la que ocurrió el pasado mes de octubre en la antesala del puente del Pilar. La Comunidad de Madrid se negó a asumir la orden ministerial firmada por Salvador Illa que instaba al cierre territorial, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó la orden alegando que el estatuto de autonomía daba a la región toda la potestad competencial y era una ley de mayor rango que la orden de Illa.

La respuesta del Gobierno ante este varapalo judicial, que en esas fechas también llegó a plantearse un 155, fue decretar un estado de alarma exprés y ad hoc para Madrid. Desde entonces, la comunidad está bajo ese estado de alarma, el más longevo que hay en activo en España.

No cabe duda de que la decisión de arrebatar a Madrid las competencias sanitarias, de tomarse, tendrá un enorme componente político: coincide con la precampaña electoral y supone un frente alternativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al margen de la moción de censura ‘fallida’ que presentó el PSOE de Madrid para desalojar al PP del Ejecutivo madrileño y colocar a Ángel Gabilondo al frente.