La ministra de Igualdad que negó los fallos de las pulseras destapados por OKDIARIO multa ahora a la concesionaria

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 06/03/2026 19:56
  • Actualizado: 07/03/2026 12:58

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no sólo ha acabado admitiendo que las pulseras antimaltrato fallaron estrepitosa y masivamente durante meses sino que, además, ese fiasco fue de tal calibre que conlleva una sanción. Eso sí, descarga toda responsabilidad en la empresa concesionaria, Vodafone, pese a que el titular del servicio de protección de las mujeres maltratadas es el Ministerio de Igualdad.

De esta forma, Ana Redondo intenta esquivar toda responsabilidad política en lo ocurrido: El «Gobierno feminista» había dejado desprotegidas a mujeres maltratadas cuya seguridad dependía del Estado. La ministra se negó a dimitir –se lo pidió el PP– por este escándalo. Primero, además, negó la mayor: pese a los rotundos datos destapados en exclusiva por OKDIARIO que demostraban esos fallos masivos de las pulseras antimaltrato, la ministra dijo que no se habían producido. Llegó a referirse a estas informaciones con los calificativos de «bulos, falsedades y mentiras». El bulo, en realidad, era el desesperado desmentido de la ministra.

Ana Redondo, después, negó que el Ministerio de Igualdad que ella dirige tuviera responsabilidad alguna en lo ocurrido. Y, ahora, finalmente, ha anunciado que por esos fallos –que ella negó– la han llevado a sancionar a la empresa concesionaria del servicio, Vodafone.

Según ha anunciado el Gobierno este viernes, el Ministerio de Igualdad ha multado con 25.285 euros a Vodafone por el fallo ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras para maltratadores.

La sanción llega después de la apertura de un expediente para analizar los fallos detectados en el servicio. Tras la investigación –dice el Ministerio–, se ha determinado la aplicación de la penalidad económica, que se hará efectiva mediante la deducción de cantidades en el contrato con la empresa adjudicataria.

Desde el departamento que dirige Ana Redondo han señalado que, aunque «ninguna tecnología es infalible», el sistema «funciona con normalidad». Asimismo, han destacado la implicación de la empresa responsable «en la prestación del mejor servicio posible».