España

Junts no acepta el referéndum devaluado que planea Sánchez y exige uno totalmente rupturista

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Carlos Cuesta

Las negociaciones separatistas se aceleran. El Gobierno no sólo está dispuesto a decretar los indultos para los golpistas del 1-O, sino también a realizar un referéndum en Cataluña para ratificar los acuerdos que se negocien con los separatistas. El problema al que se enfrenta Pedro Sánchez pasa por el hecho de que ninguna de las cuestiones satisface a Junts: los hombres de Carles Puigdemont quieren un auténtico referéndum de separación del resto de España y no aceptan fórmulas edulcoradas.

La Constitución deja muy clara la prohibición expresa de una votación vinculante que cuestione la unidad de España. Los equipos jurídicos de Moncloa, pese a ello, trabajan en un mecanismo que llegue al límite constitucional. La fórmula sobre la que se trabaja pasa por un mecanismo de ratificación popular de los acuerdos de la Mesa de Pedralbes -el foro bilateral de negociación entre Moncloa y Generalitat para definir los avances hacia el separatismo en Cataluña-.

Pero los primeros mensajes remitidos por Junts a Moncloa han sido claros: eso no es suficiente. Los hombres de Carles Puigdemont quieren un referéndum plenamente rupturista y no aceptan una fórmula cuya validez jurídica sería imposible de justificar.

El Gobierno, de hecho, es consciente de que, efectivamente, esa fórmula de un referéndum sobre los acuerdos cerrados en la Mesa de Pedralbes no deja de ser una forma de echar los balones fuera. Y es que, los impulsores de esta idea defienden precisamente que no se trataría de una votación vinculante, que tampoco tendría capacidad para contradecir la Constitución, pero sí podría recoger términos admisibles para los separatistas.

Mesa de Pedralbes

La idea fue ya barajada a principios de 2020. Y partió, de hecho, de los contactos en esa Mesa de Pedralbes. En aquella ocasión, el Gobierno de Pedro Sánchez definió y aceptó, tras mes y medio de conversaciones entre los equipos del PSOE y Esquerra Republicana, comandados por Pedro Sánchez y Pere Aragonès, las pautas de un acuerdo para “la resolución del conflicto político” en Cataluña. En ese acuerdo, plasmado en folio y medio, se recogían los siguientes puntos:

– En primer lugar, la creación de la mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político.

– En segundo lugar, la aceptación de la “legitimidad de todas las
partes y propuestas” sin “más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”, porque “todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta”.

– Por último, el documento se comprometía a celebrar un referéndum camuflado: “En este espacio deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña”.

Desacuerdo independentista

El problema con el que se topa ahora el Gobierno es que esa fórmula sólo fue respaldada por ERC. Y el nuevo Gobierno catalán vuelve a ser fruto de un pacto entre ERC y Junts.
El líder del PSC en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa, de hecho, daba el pasado jueves alas al separatismo catalán al mostrarse partidario de realizar un referéndum en la región sobre «el marco de convivencia». Esta consulta tendría que abordarse, a su juicio, en una mesa en la que estuvieran presentes los partidos con representación en el Parlament: PSC, ERC, JxCAT, Vox, CUP, En Comú Podem, Ciudadanos y PP. «Siempre que no sea para votar sobre la autodeterminación», recalcó. Y Junts quiere exactamente lo contrario: que sea un referéndum netamente separatista.