El juez puede imputar a Dina por un delito de falso testimonio por mentir 3 veces para salvar a Iglesias

La ex asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham podría haber incurrido en un presunto delito de falso testimonio al mentir hasta en tres en ocasiones al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la macrocausa Tándem.

Hasta ahora, Dina Bousselham tenía la condición de testigo y perjudicada en la causa, por lo que estaba obligada a declarar «bajo juramente o promesa de decir la verdad». Sin embargo, el magistrado puede citarla ahora a declarar en calidad de imputada, por haber cambiado su versión de los hechos en tres ocasiones.

En esta pieza separada, la número 10 del caso Villarejo, se investiga qué ocurrió con la tarjeta de memoria SD del teléfono móvil supuestamente sustraído a Dina Bousselham en noviembre de 2015, cuando trabajaba como asistente de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo. La propia Dina entregó al Juzgado Central de Instrucción número 6 la tarjeta Micro-SD de la marca Samsung, de 32 GB de capacidad, totalmente destrozada, por lo que la Policía Científica no pudo analizar su contenido. Se trata de la prueba principal de la causa.

Se enfrenta a un delito

Bousselham ha cambiado ya de versión hasta en tres ocasiones. La última vez, en un escrito dirigido al juez este miércoles, para salvar al líder de Podemos de una posible imputación por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197.1 y 2 del Código Penal y delito de daños (obstrucción a la Justicia por destrucción de pruebas) del art. 264 del mismo texto legal.

Lo ha hecho en detrimento de su condición como testigo, que podría cambiar ahora a la de investigada. El testigo tiene la obligación legal de decir la verdad, y en el caso de que incumpliese su obligación, podría ser procesado por la vía penal.

El delito de falso testimonio está tipificado en el artículo 458 del Código Penal que dice así:

1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.

El delito de falso testimonio en una causa de jurisdicción penal puede cometerse en la fase de instrucción, en la que se encuentra ahora el caso Dina, o la fase del juicio oral, dado que en ambos casos es necesario preservar el bien jurídico protegido. Existe jurisprudencia sobre este asunto. Según la sentencia del Tribunal Supremo 901/2016 de 9 de febrero, «la razón de ser de aplicar el tipo penal también a la fase de instrucción del procedimiento penal estriba en que en dicha fase de la causa judicial no sólo se constatan hechos o manifestaciones que pueden determinar el curso de la misma, sino que se adoptan por el juez resoluciones que afectan directamente a los derechos de las personas como puede ser el de la libertad o los patrimoniales».

En este tipo penal existe un subtipo de carácter agravado. Se produce cuando existe voluntad de declarar no sólo en falso sino en contra del reo. El testigo con su testimonio no sólo está faltando a la verdad sino que repercute en la condena del acusado y agrava su responsabilidad. En este caso las penas son de uno a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.

Esta nueva versión de Dina Bousselham no sólo favorece a Iglesias sino que también viene a apuntalar su intento de presentarse como víctima de las cloacas del Estado. Un extremo que ha sido desmentido en el auto judicial en el que el juez retiró a Iglesias su condición de perjudicado en la causa.

Expertos consultados por OKDIARIO explican que la ex asesora de Podemos sólo puede librarse de este delito si durante la celebración del juicio se retracta y declara la verdad. Sin embargo, otros letrados aseguran que el falso testimonio «puede influir en el transcurso de las investigaciones» y afectar en la condena del procesado. Un hecho por el que –añaden– el juez puede deducir testimonio en calidad de imputada.

Vuelve a mentir

Dina confesó en su última declaración, el 18 de mayo, que Pablo Iglesias le entregó la tarjeta de su teléfono móvil destrozada en «junio o julio» de 2016. Sin embargo, el presidente del Grupo Zeta y dueño de la extinta Interviú, Antonio Asensio, se la había proporcionado al líder de Podemos cinco meses antes en perfecto estado. De hecho, el ahora vicepresidente del Gobierno pudo visualizar el contenido de la tarjeta de memoria cuando el empresario se la cedió en una de las salas de la revista de investigación.

Cuando Dina Bousselham relataba estos hechos, el juez interrumpió su declaración y le advirtió: «Esto que usted dice es muy serio». El magistrado recalcó que Dina entregó la tarjeta en el Juzgado totalmente «destrozada», no «un poco alterada». La ex asesora de Pablo Iglesias aseguró que contactó por correo electrónico con una empresa alemana para intentar recuperar el contenido de la tarjeta. Sin embargo, al final descartó la reparación porque el presupuesto que le facilitó la empresa era muy elevado. Tres días después de su declaración, aportó los emails intercambiados con la compañía tecnológica.

A raíz de esta declaración, los fiscales anticorrupción enviaron un escrito al juez en el que sugieren que el vicepresidente del Gobierno pudo incurrir en dos delitos: descubrimiento y revelación de secretos (por acceder sin autorización al contenido de la tarjeta del móvil de Dina y conservarla durante meses) y daños (por destruir presuntamente la tarjeta, que constituye la prueba principal de la causa).

En un acto dictado esta misma semana, el juez García-Castellón retiró a Pablo Iglesias su condición de perjudicado en la causa y ha desmontado por completo las falsas acusaciones que Pablo Iglesias y Podemos dirigieron contra OKDIARIO.

Ahora, Dina Bousselham ha cambiado por tercera vez su versión de los hechos en sede judicial: en un escrito dirigido al juez, asegura que Pablo Iglesias le entregó la tarjeta en perfecto estado. Algo que constituye un intento evidente de evitar la imputación del vicepresidente del Gobierno.