El juez investiga si Villarejo urdió un plan con su esposa para vender documentos policiales desde prisión

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto una nueva pieza del caso Tándem en la que investiga si el ex comisario Villarejo urdió un plan desde prisión para vender documentos relativos a investigaciones oficiales de la Policía, con la ayuda de su esposa, la periodista Gemma Alcalá.

Este sería el motivo por el que agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía detuvieron el viernes por la noche a Gemma Alcalá y a otras cuatro personas, presuntamente implicadas en el trama.

Entre los detenidos, que está previsto que pasen a disposición judicial el lunes, se encuentra un abogado que compartió prisión en Estremera (Madrid) con el comisario jubilado. Este abogado habría participado en la trama de venta de los documentos, informa Europa Press. La trama habría ofrecido a persona del entorno independentista documentos relativos a las investigaciones judiciales sobre el procés.

Por el momento, y a la espera de que continúen las investigaciones de este asunto, sobre el que se ha declarado el secreto judicial, los detenidos están acusados de delitos de organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

Anticorrupción estudia solicitar medidas cautelares contra los detenidos, que pueden llegar a la prisión condicional, una vez declaren el lunes como imputados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que instruye el caso Tándem.

La periodista Gemma Alcalá ya fue una de las cuatro personas detenidas en noviembre de 2017 en la operación de la Audiencia Nacional en la que además fue arrestado el propio Villarejo, quien desde entonces permanece en la cárcel de Estremera en prisión provisional.

Según fuentes policiales consultadas, al mismo tiempo que se producían las detenciones de este viernes, una comitiva judicial registró la celda del comisario y se incautó de documentación. Durante el registro –que no fue el único porque también se entró en su domicilio– Villarejo habría protestado y reaccionado de forma airada, señalan las fuentes consultadas por Europa Press.

Para la Fiscalía Anticorrupción, Gemma Alcalá cumplía un papel de relevancia en la organización de Villarejo, tanto es así que en su escrito de acusación de la pieza número 2, denominada Iron, solicitó para ella 46 años y nueve meses de cárcel.

Esa fue la primera pieza de la que se concluyó la instrucción de toda la macrocausa, que desde hace tres años indaga esas actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo, por las que se encuentra actualmente en prisión preventiva.

El proyecto Iron reveló un modus operandi en la actividad profesional del comisario que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el caso Tándem. Según la investigación, Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.

En otra de las piezas de las que se ha concluido la instrucción, Land, que versa sobre el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo La Finca, el Ministerio Público interesaba para Gemma Alcalá otros 36 años y cuatro meses de cárcel, lo mismo que para el socio de Villarejo, Rafael Redondo. Así, hasta la fecha, la Fiscalía pide más de 82 años de cárcel para la mujer del comisario Villarejo.