La juez investiga 170 cuentas corrientes y 90.000 movimientos bancarios de la trama del ‘Tito Berni’

La juez del caso Mediador investiga 170 cuentas corrientes y más de 90.000 movimientos bancarios de la presunta trama de corrupción liderada por el ex diputado del PSOE Juan Bernando Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni y quien se habría encargado de captar empresarios prometiendo favores políticos a cambio de dinero. La apertura de esta nueva rama de la investigación, cuantiosa de por sí, no incluye todas las cuentas bancarias que forman parte de las piezas declaradas como secretas, por lo que el volumen es presumiblemente muy superior. Además, la investigación ha logrado recopilar, por el momento, más de 2TB de información proveniente de los aparatos electrónicos de los principales imputados. Dada la complejidad del caso, el tribunal competente ha acordado prorrogar seis meses más las pesquisas.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ha comenzado la exhaustiva auditoría de los más de 90.000 movimientos bancarios ahora que «se han aportado datos identificativos de sociedades y sus partícipes, así como los cambios en los órganos de administración y de la actividad económica», todo ello enmarcado dentro de la trama del Tito Berni. Según detalla el auto de la magistrada del caso Mediador, también constan «ingresos y pagos procedentes del modelo 347, identificación de titulares y autorizados de productos financieros, entre otros datos referidos a las principales personas físicas y jurídicas investigadas».

Dicha información ha sido recogida en los informes aportados por el auxilio judicial, por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Dirección General de la Guardia Civil y por el Grupo de Delitos Tecnológicos de Santa Cruz de Tenerife de la Policía Nacional.

Gobierno canario

En el auto, la juez Lorenzo-Cáceres apunta que de la investigación se ha «evidenciado el uso de la llamadas mulas financieras» por parte de la presunta trama. Motivo por el que el pasado julio acordó llamar a declarar a nuevos investigados. Además de constar información bancaria de los investigados, la juez señala que en febrero y marzo de este año «se emitieron mandamientos dirigidos a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias que fueron tramitados a través de la Dirección General de Ganadería de Santa Cruz de Tenerife», señala el auto que avanzó Vozpópuli.

Asimismo, la magistrada recalca en el auto que en el marco de la investigación en el juzgado han recabado un «enorme volumen de datos». En concreto, unos 2,16TB (terabytes) procedentes de los terminales y dispositivos electrónicos de los principales investigados.

La juez subraya que, «pese a las múltiples diligencias acordadas por esta instructora y los oficios de investigación que se han ido presentado, pende aún por ultimar el análisis de bastante material y documentación, destacando que la mayoría de las diligencias de investigación se han acordado tras el levantamiento del secreto de actuaciones el pasado 14 de febrero». Por último, el auto de Lorenzo-Cáceres considera que se justifica acordar la prórroga de la investigación seis meses más por la complejidad de la causa y la cantidad de información que aún queda por analizar.