Un juez cita como imputados a 5 altos cargos de Sánchez por dar mascarillas defectuosas a los sanitarios

El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha citado a declarar como imputados a cinco altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, a raíz de una querella contra Salvador Illa interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por el uso de mascarillas. Se le atribuía un delito por tardar varios días en retirar de hospitales mascarillas que no evitaban contagios. Tal como consta en una providencia que adelanta OKDIARIO, el magistrado Carlos Valle cita a siete personas a finales de abril «al objeto de recibirles declaración en calidad de investigados/as sobre los hechos».

Se trata de una resolución fechada este pasado martes 20 de febrero. Además de citar a esas siete personas –la mayor parte cargos o ex cargos de los ministerios de Sanidad, Industria y Hacienda–, se decide poner esta resolución en conocimiento de la Fiscalía y de otras partes personadas. Contra esta decisión cabe un recurso de reforma en el plazo de tres días.

El caso procede de abril de 2020, en el arranque de la pandemia, cuando el CESM se querelló contra Illa por una serie de mascarillas defectuosas que se usaron en los hospitales españoles. El Ministerio de Sanidad distribuyó una gran partida de tapabocas FPP2, de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos Servicios públicos de Salud del país. Se trataba de un contrato con Hangzhou Ruining Trading por 2,1 millones de mascarillas defectuosas.

Se trataba de elementos de protección no homologados. Esto fue «la gota que colmó el vaso» de los sanitarios, según CESM. Los sanitarios censuraban que Sanidad retiró las mascarillas sin garantías, como desveló OKDIARIO, a los 7 días de saber que no estaban homologadas.

En las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo, a través del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), ha trasladado al juzgado un informe clave para poner nombres y apellidos a los altos cargos presuntamente responsables de poner en riesgo la salud de miles de médicos, enfermeras y otros sanitarios.

El equipo de Yolanda Díaz explica en el Informe relativo al procedimiento de diligencias previas, solicitado por el juzgado de instrucción nº 14 de Madrid que «con fecha 11 de enero de 2024 se recibió en este Centro Nacional de Medios de Protección, oficio de 9 de enero de 2024, relativo al procedimiento procedente del Juzgado de Instrucción n° 14 de Madrid». Ahí se solicitaba «informen nuevamente sobre quién fue la autoridad o funcionario que solicita y recibe respectivamente la información relativa a la idoneidad de las mascarillas Garry Galaxy de envase verde».

Las verificaciones realizadas sobre las mascarillas con referencia Garry Galaxy recibidas en el INSST-CNMP de abril a mayo de 2020 y analizadas con motivo de la crisis sanitaria por la Covid-19 se remitieron en cada caso al solicitante de las mismas. A continuación, se lleva a cabo una enumeración de las personas que pidieron la certificación que dio la voz de alarma sobre que eran defectuosas. Varios de ellos son del Ministerio de Sanidad, pero también aparecen dos responsables de sistemas autonómicos de salud, de Cataluña y de Andalucía.

Tendrán que acudir a declarar quienes eran, en esas fechas, la directora general de Cartera Común de Servicios del Ministerio de Sanidad, la sudirectora general de ese mismo departamento, el jefe de área de Gestión Económica de la Oficina Española de Patentes y Marcas –del Ministerio de Industria y Turismo–, una vocal asesora de Sanidad y un alto cargo de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública en la Coordinación Territorial de Madrid.

La querella

El abogado de CESM registró la querella ante «la profunda y creciente preocupación ante la indefectible gestión de la pandemia». Hubo una «máxima indignación, que exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades responsables para garantizar la seguridad y defensa de los legítimos derechos e intereses de los sanitarios».

Ante una «presunta actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos», la citada entidad se decidió a interponer acciones penales. Cuatro años después, tras muchos meses de investigación, se pone fecha a las primeras declaraciones con la posición en contra de la Fiscalía encabezada por Álvaro García Ortiz.

Hasta 3 años de cárcel

El delito contra los derechos de los trabajadores está tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal. Ese texto dice que «los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses».

Los impulsores de esta querella subrayan que «no podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios se contagiaron de Covid-19 en las primeras semanas». «El número de fallecidos fue inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les debió replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto», remarcaron.