El juez del ‘caso Koldo’ interviene los correos de varios altos cargos de Transportes e Interior

El juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, ha ordenado a las empresas públicas Puertos del Estado y Adif; y a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, que le entreguen todos «los buzones y carpetas» asociados al correo electrónico corporativo de los altos cargos ministeriales. Además, también han pedido a tres mercantiles que entreguen toda la documentación que obre en su poder relacionada con el suministro a Soluciones y Gestión, la principal empresa investigada en el la trama de corrupción. Este requerimiento figura en un auto judicial fechado a 19 de febrero incluido en el sumario al que ha tenido acceso OKDIARIO. 

El juez de la Audiencia Nacional ha pedido las comunicaciones comprendidas entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020. Los altos cargos del ministerio de Transportes Francisco Toledo, Álvaro Sánchez Manzanares, Aránzazu de Miguel y Belén Caballero tendrán que aportar la información solicitada. Todo ellos son directivos de Puertos del Estado vinculados a las adjudicaciones investigadas en el caso Koldo.

El juez también ha pedido a altos cargos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que entreguen sus comunicaciones con las empresas de la trama Koldo. Entre ellos se encuentran la antigua presidenta, Isabel Pardo de Vera, Martín José Navarro y Jesús Ángel Díaz. 

Los requerimientos también se extienden al ministerio del Interior que entonces también estaba liderado por Fernando Grande Marlaska. El juez ha pedido a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que facilite una copia del contenido de todos los buzones o carpetas del correo electrónico corporativo de Daniel Belmar Prieto.

También se ha pedido información a Ingesa, que formó parte de la adjudicación de dos lotes la UTE formada por Ferrovial y Soluciones de Gestión. El juez solicita la entrega de todo lo que no hubiera sido dado  previamente a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en julio de 2022.

En el auto también figura la solicitud de información a tres mercantiles. Se tratan de Star Tic Innovación, Gama Global y Arsh Consultancy & Skyline.  Todas ellas tendrán que suministrar toda la información relativa a Soluciones de Gestión sobre los contratos de material sanitario.

Mordidas del caso Koldo

El juez instructor calcula que las operaciones reportaron a los cabecillas ingresos millonarios. Según evidencia la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir los oficios policiales y la investigación de la Agencia Tributaria, Koldo García Izaguirre habría experimentado un incremento de su patrimonio de 1,5 millones de euros. Por su parte, el juez cifra el beneficio obtenido del empresario Juan Carlos Cueto en 9,6 millones de euros y el del presidente del Zamora CF, Victor de Aldama en 5,5 millones. 

Las pesquisas del sumario en posesión de este periódico apuntan a una relación entre los cabecillas de la trama. Además, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) evidencian en los pinchazos como el ex ministro, José Luis Ábalos había tenido conocimiento de las denuncias del caso. En concreto, la Guardia Civil señala un encuentro del hermano de Koldo, Ioseba García, en Valencia en el que debía entregarle unos documentos sobre las denuncias contra las operaciones mercantiles realizadas por Soluciones de Gestión. 

Embargo de bienes

El juez de la Audiencia Nacional también ha ordenado bloquear 88 cuentas de los investigados en la causa, además de ordenar el embargo preventivo de sus bienes. Ismael Moreno prohíbe de esta forma cualquier disposición sobre estas cuentas, «indistintamente de cuál sea el tipo de vinculación, debiendo proceder asimismo a la inhabilitación o suspensión de las credenciales, claves y/o firma electrónica que permitan operar con los sistemas de banca electrónica o telemática».

El magistrado ordenó también otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente el juzgado. En concreto, el juez de la Audiencia Nacional ha obligado a los imputados a personarse cada 15 días. Los imputados también permanecen sin sus teléfonos móviles desde que pasaron a disposición judicial el pasado 22 de febrero. Las medidas cautelares tendrán una duración determinada, aunque el juez no ha especificado hasta cuándo. Los abogados de los imputados ya barajan recurrir las medidas interpuestas.

El juez de la Audiencia Nacional dejó en libertad a los imputados que pasaron a disposición judicial debido a que la Fiscalía no pidió su ingreso en prisión preventiva. Fuentes consultadas señalan que el Ministerio Fiscal no considera que exista riesgo de fuga ya que se les ha retirado el pasaporte.