Una juez archiva una denuncia contra la Policía que investigó a las ‘secuestraniños’ de Infancia Libre

La juez Esperanza Collazos ha archivado la investigación abierta contra la Unidad de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla y contra el entonces jefe, el comisario Pedro Agudo. Los agentes fueron denunciados por dos madres de la asociación Infancia Libre tras llevar a cabo una investigación que desveló el caso de la secuestraniños María Sevilla, presidenta de la citada asociación. Sevilla está condenada en firme a dos años y cuatro meses por secuestrar a su propio hijo, en contra de la sentencia que otorgaba la custodia del niño a su padre.

Dos madres vinculadas a esta organización interpusieron una denuncia contra los investigadores por supuestos delitos de denuncia falsa, falsedad documental y revelación de secretos. Pero la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 ha dictado un auto en el que tumba de plano estas acusaciones contra los policías. Tal y como ha adelantado El Confidencial Digital, la magistrada considera que la actuación de los agentes fue correcta y recalca que «no están acreditados ninguno de los delitos».

La instructora subraya que el supuesto delito de denuncia falsa no lo es «ni indiciariamente», puesto que «la investigación se incoó sobre una base fundada, sin perjuicio del resultado judicial de la misma». Del mismo modo, aclara que tampoco existe un delito de falsedad documental porque los datos incorporados a los autos son resoluciones públicas o aportadas por las partes. Y, por ende, considera que tampoco concurre el delito de revelación de secretos.

La magistrada sentencia que los agentes incorporaron a sus informes datos objetivos y subraya que lo que hizo la Unidad es «investigar, como obligatoriamente tiene que hacer».

Informe de la Policía

La Policía aportó a la causa un informe de 200 páginas en las que los investigadores concluyeron que los casos denunciados de miembros de Infancia Libre, por secuestro, siguen el mismo patrón. Para los agentes, los parámetros delictivos eran cinco: denuncias de violencia de género o abusos sexuales falsas, intervienen los mismos profesionales, los mismos abogados y se coordina desde la asociación de Infancia Libre.

En dicho informe, la Policía aseguraba que Infancia Libre derivaba a las madres al psiquiatra Antonio Escudero, que ejercía en el Centro de Salud Mental de Majadahonda y previamente lo hizo en Puerta de Hierro. Escudero era el autor de los informes médicos donde se alegaban cuadros clínicos de estrés familiar del menor debido a las visitas de los padres. También ponían en contacto a las madres con la abogada Carmen Simón y con las psicólogas vinculadas a la asociación, que desde Granada elaboraron informes para justificar el ausentismo escolar del menor o el perjuicio que les causaba visitar a sus padres.

Según señaló la Policía, estos informes fabricados ad hoc fueron utilizados después por las madres para denunciar a los progenitores y retirarles el régimen de visitas. Finalmente, la Fiscalía archivó la causa contra esa organización al considerar que no se aprecian datos que aseguren que funcionaba como una red ilícita, pero la presidenta de Infancia libre sí ha sido condenada en firme.