La Judicatura en pleno se alza contra el pacto Sánchez-Puigdemont por «quebrar» la Constitución

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 09/11/2023 18:23
  • Actualizado: 09/11/2023 23:07

El pacto de investidura sellado entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, que incluye la amnistía para el prófugo ex president al menos 180 imputados en acciones ilegales dirigidas a forzar la independencia de Cataluña –incluso actos de terrorismo–, ha generado el rechazo unánime de la Judicatura en pleno. El CGPJ y las cuatro asociaciones de jueces se han manifestado en defensa de la Constitución y del Estado de derecho, que consideran gravemente vulnerados por el pacto PSOE-Junts.

En una reacción unánime y sin precedentes en la historia democrática española, tanto el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como las cuatro asociaciones profesionales de juece se han manifestado públicamente en defensa de la Constitución y del Estado de derecho, que consideran gravemente vulnerados por el pacto PSOE-Junts. El pacto contra el que ha alzado su voz la Judicatura en pleno ha sido alcanzado por decisión de quien es presidente del Gobierno en funciones y pretende ser investido de nuevo en el cargo con estas cesiones al secesionismo que atacan al Poder Judicial.

La colisión entre los poderes del Estado es ya un hecho. Los comunicados lanzados por el CGPJ y todas las asociaciones de jueves evidencian la dimensión del conflicto provocado por el PSOE en los cimientos del Estado. Desde la Transición, nunca se había dado una situación de esta gravedad.

El pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial se ha producido tras la reunión extraordinaria celebrada este jueves por su Comisión Permanente. Su texto de rechazo «frontal» al contenido del pacto sellado entre Sánchez y Puigdemont ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, y de las vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona y Carmen Llombart. Sólo la vocal Pilar Sepúlveda ha votado en contra.

«Flagrante atentado» a la Constitución

En el comunicado, el CGPJ ha calificado el acuerdo PSOE-Junts de «inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes» consagrada en la Constitución. Este órgano de gobierno de la Judicatura ha subrayado que el ataque que supone el pacto Sánchez-Puigdemont afecta a la estructura judicial que es «garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos».

En este comunicado conjunto, los jueces urgen implícitamente a una actuación correctiva por parte del Tribunal Constitucional, para frenar lo que han calificado como unos ataques al Poder Judicial que «no son aceptables».

Los términos del pacto entre el PSOE y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de dar impunidad a los condenados y procesados por actos ilegales del independentismo catalán provoca así una crisis sin precedentes en el régimen constitucional del 78. «Mostramos nuestro profundo rechazo» al pacto, dice ese comunicado de las cuatro asociaciones de jueces, que abarcan todo el arco ideológico: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

Apuntan al Constitucional

El pacto Sánchez-Puigdemont se coloca frontalmente al margen de la Constitución, con graves «consecuencias», advierten de forma unánime las cuatro organizaciones profesionales que representan a la Judicatura española. Unánimemente y de forma conjunta, las cuatro asociaciones de jueces califican lo acordado de «evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes», principios esenciales del democrático Estado de derecho y consagrados por la Constitución de 1978.

«Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución», subrayan en este comunicado conjunto, en lo que es una pública denuncia pública de inconstitucionalidad que apela a una intervención contundente por parte de la magistratura de garantías, el Tribunal Constitucional.

Repercusiones internacionales

Las cuatro asociaciones que representan profesionalmente a los miembros de la Judicatura española indican, también de forma unánime, que las «expresiones» recogidas en el pacto sellado entre el PSOE y los independentistas «no son aceptables» y «traslucen» una «desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial». Asimismo, los jueces subrayan que «el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales» con el que no tiene encaje alguno lo pactado entre los socialistas y los separatistas catalanes.

La contundente advertencia de las organizaciones de jueces adquiere una relevancia añadida de trascendencia internacional, habida cuenta de la «preocupación» mostrada esta semana por la Comisión Europea ante las maniobras de Pedro Sánchez. Bruselas ha exigido explicaciones «detalladas» al Gobierno español, ante las gruesas dudas de legalidad democrática que las maniobras del líder del PSOE están generando en el corazón de la UE.

Fiscales: es un «golpe constitucional»

El choque abierto en los cimientos del Estado constitucional que ha desatado el pacto del PSOE con los independentistas también ha empezado a provocar reacciones en el seno de la Fiscalía, que hace unos años Sánchez presumió de trabajar a sus órdenes.

El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha acusado este jueves al PSOE de haber cerrado un acuerdo con el independentismo que «es muy grave» y que supone, en la práctica, «un cambio de modelo constitucional», informa Ep. «Es un golpe de gracia al sistema constitucional español», ha alertado Viada, quien también advierte que la Ley de Amnistía es «una consecuencia lógica del concepto de cmabio de régimen político que quieren PSOE y Junts».