Campo planta al Consejo de Europa en un debate sobre la independencia judicial en plena crisis del CGPJ

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 10/11/2020 06:50
  • Actualizado: 10/11/2020 08:47

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, declinó este lunes intervenir en directo en una videoconferencia del Consejo de Europa sobre los «nuevos desafíos para el Estado de Derechos y las garantías de una Justicia independiente». En plena crisis reputacional de España por el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rebajando la mayoría parlamentaria de cara a su elección, Campo evitó dar la cara ante la presidencia griega del Comité de Ministros de Justicia del Consejo de Europa y el grueso de los socios de la organización.

En lugar de entrar en directo (desde el Ministerio u otra dependencia oficial) en la citada videoconferencia para debatir sobre las cuestiones planteadas en relación a la independencia de la Justicia, Campo optó por el envío de un vídeo enlatado y no compareció ante el ministro griego del ramo y conductor del evento, Kostas Tsiaras. De hecho, en el programa oficial de dicha videoconferencia el turno de Campo fue fijado para las 10.40 horas de este lunes 9 noviembre.

Sin embargo, en la agenda oficial del ministro español de Justicia para este 9 de noviembre no apareció ningún evento. Y ello pese a que el Día de la Almudena es una festividad que sólo se celebra en Madrid ciudad y en algunas localidades de Cataluña. En el resto de España, con sus órganos de Justicia funcionando, fue día laborable. Otros miembros del Ejecutivo de Sánchez sí tuvieron agenda oficial. Por ejemplo, dos ministras tuvieron sendas videoconferencias.

Vacío informativo

Tampoco en las redes sociales el Ministerio de Justicia recogió participación alguna de Juan Carlos Campo en la videoconferencia del Consejo de Europea sobre la independencia judicial. Un vacío informativo que contrasta con la actitud de otros homólogos europeos, que no sólo entraron en directo en el debate sino que, además, dejaron constancia de ello en las redes sociales.

Así fue el caso, por ejemplo, de la ministra de Justicia de Chipre, Emily Yiolitis, que abogó no sólo por una Justicia rápida, sino también de «calidad de las decisiones», con tribunales especializados que permitan a su pías disponer de un «sistema judicial moderno y eficiente que cumpla con las expectativas de los ciudadanos».

Precisamente, el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa, Marin Mrčela, envió el pasado octubre una carta al Gobierno español donde le trasladaba que la reforma del sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial «se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede suponer una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa».

En la misiva, tal y como informó OKDIARIO, se destaca que «los Consejos de la Judicatura, en los Estados miembros donde existan, están destinados a ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces individuales, lo que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción».

Así, Mrčela señaló que las normas del Consejo de Europa «establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial». El organismo insistió en que con anterioridad «ha subrayado reiteradamente que las autoridades políticas no deben participar, en ninguna etapa, en el proceso de selección del turno judicial».

Comisión de Venecia

De otro lado, cabe reseñar que el presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, también participó en la videoconferencia del Consejo de Europea sobre la independencia de la Justicia celebrada este lunes 9 de noviembre. Este órgano asesor de dicho Consejo para asuntos legales y constitucionales, no fue consultado por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez antes de registrar en el Congreso de los Diputados su proyecto de ley orgánica de reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Comisión de Venecia, formada por expertos internacionales que no representan a su país de origen, emite opiniones sobre borradores constitucionales y propuestas legislativas para analizar si están en línea con los estándares constitucionales internacionales y europeos, según se explica en su página web. No obstante, esas opiniones sólo pueden pedirlas las autoridades del Estado, los órganos del Consejo de Europa u otras instituciones relacionadas con el trabajo de la Comisión, como la UE o la OSCE.