Belarra al borde de la imputación por desviar 100.000 € de la ‘caja B’ de Podemos a una asociación afín

La ministra y lideresa de Podemos, Ione Belarra, se encuentra en la cuerda floja del caso Neurona, en el que se investiga el desvío de 363.000 euros de los fondos públicos a la consultora chavista Neurona Consulting y otras irregularidades internas en el seno de la formación. La secretaria general del partido aprobó una partida de 100.000 euros de la caja B de Podemos a la productora Comunicación Popular #404. Su firma audiovisual de cabecera. Así consta en un documento desvelado por OKDIARIO que ahora investiga el juez Juan José Escalonilla.

Belarra plasmó su rúbrica en el acuerdo como secretaria de coordinación ejecutiva de secretarios de Podemos. El documento exponía lo siguiente: «En el Consejo de Coordinación del 2 de septiembre de 2019 se aprobó en el punto 5 (Caja de Solidaridad) la aprobación de la segunda donación de la Caja de Resistencia a la organización Comunicación Popular #404 por valor de 50.000 euros (se hará un pago fraccionario en los próximos meses)».

El documento fue firmado el 16 de octubre de 2020. En ese momento el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ya había imputado a varios miembros de Podemos y la Policía Judicial estaba investigando a la citada productora.

Hay que destacar que se trataba de una «segunda donación» a la asociación Comunicación Popular #404 que se suma a otra anterior, denunciada por el abogado purgado José Manuel Calvente, por un importe de 50.000 euros. Por tanto, en total Podemos desvió 100.000 euros a la productora que ahora está siendo investigada.

Transferencias bancarias

Este periódico desveló tres trasferencias de 10.000 euros cada una realizadas entre septiembre de 2019 y julio de 2020 a la productora afín a Podemos, que se corresponderían con la primera partida de 50.000 euros. Según consta en un oficio remitido por la entidad Triodos Bank al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, la cuenta «titularidad de la Asociación 404 Comunicación Popular recibió tres transferencias ordenadas por la Caja de Solidaridad de Podemos» desde otra cuenta también en esta entidad por valor de 10.000 euros cada una.

Pese a recibir dicho dinero la asociación no llevó a cabo ninguna actividad. La agencia #404 Comunicación Popular solicitó las partidas económicas a Podemos para «impulsar un movimiento popular» y una «transformación social empleando la comunicación como herramientas colectivas», según constaba en los documentos aportados por Podemos al Juzgado. Para ello diseñaron un proyecto audiovisual que se llamaría Veintecento, en homenaje a la película Novecento de Bernardo Bertolucci. Consistiría en un programa de entrevistas en formato Youtube con dos participantes. Cada entrevista tendría una duración de 15 minutos y se producirían 6 capítulos por temporada.

Sin embargo, este periódico ha podido comprobar que ese programa no consta en su web ni la publicación del mismo aparece en alguna de sus plataformas. Fuentes internas de la formación manifiestan que nunca se llegó a realizar el programa y desconocen a qué se destinó el dinero.

Imputación de Belarra

La ex senadora de Podemos Celia Cánovas está personada en la causa tras denunciar al partido por un presunto delito de blanqueo de capitales en las donaciones y microcréditos realizadas a la formación morada. Esta abogada de profesión solicitó la imputación de Ione Belarra por «encubrir» presuntamente los sobresueldos irregulares de la formación morada, otra de las piezas que se investigan en el caso Neurona. Sin embargo, la Fiscalía,  una vez más, ha salido al rescate de Podemos y se ha mostrado en contra de dicha imputación.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que «existe mayor probabilidad de que la ministra termine citada como investigada en la Caja B que en los sobresueldos». Hay que recordar que Belarra goza de ese «privilegio medieval», como lo llamaba Podemos, del aforamiento. Por tanto, en caso de que el juez Juan José Escalonilla tenga indicios suficientes para imputarla deberá elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.