Una constructora pide la imputación de la ministra Morant ante el Supremo por no frenar una okupación

La empresa constructora que cerca a la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha presentado un escrito esta semana al Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía pidiendo que «se trasladen las actuaciones a la Sala Segunda del Tribunal Supremo atendiendo a su condición de aforada». Tal como adelanta OKDIARIO, el juez tendrá que dirimir si atiende la petición de Inmobles Reunits Catarroja SL contra la también líder del PSOE valenciano respecto de la indiciaria comisión de los delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El caso surge cuando Diana Morant era alcaldesa de Gandía y favoreció la okupación de un bloque de pisos en esa localidad. El 30 de junio de 2015 la hoy ministra se personó acompañada de dos concejales de Més Gandía para impedir el desahucio ordenado judicialmente de una vivienda en un edificio okupado. El acto de protesta fue convocado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Safor Valldigna. La comitiva judicial no logró realizar el lanzamiento ya que la Policía Local de Gandía, lejos de protegerlos, se ausentó del emplazamiento cuando constató la presencia de la entonces alcaldesa.

Este hecho, según un escrito del magistrado, condujo a que «viendo que la falta de pago de la renta no tenía consecuencia alguna, los impagos se generalizaron y el edificio se llenó de ocupantes sin título, traficantes de droga, etc.». Es decir, el bloque pasó a ser un narcopiso e incluso en el mismo inmueble se registró un asesinato en 2017.

Ahora, la empresa propietaria del bloque como perjudicada directa se dirige al Juzgado y pide que el caso pase al Supremo y, en todo caso, que se llame a declarar a dos investigados: Isabel Santapau y José Manuel Prieto. Igualmente piden que se remita copia del sumario a la Fiscalía Anticorrupción y que se aporten los informes que realizaron la arquitecta municipal y el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Gandía. También se considera que deben ser citados como testigos.

En el escrito de seis páginas, la compañía, además, plasma que en relación con la investigada Diana Morant, debemos recordar que este Juzgado de Instrucción, por providencia de 19 de diciembre de 2023, acordó lo siguiente: «A la vista del acuse negativo por motivo ‘ausente en reparto’ a Diana Morant únase, procédase a la averiguación domiciliaria para su conocimiento».

A continuación, la constructora agrega: «Lo cierto es que pese a la relevancia y notoriedad de Diana Morant, el conocimiento que se presupone tiene del proceso habida cuenta de su indubitada vinculación con el resto de los investigados no consta que haya dado cumplimiento a su deber de ponerse a disposición de este Juzgado, por lo cual entendemos que debe procederse a su inmediato emplazamiento a fin de evitar que Diana Morant alegue en el ejercicio de su derecho a la defensa, cualquier tipo de indefensión que pueda conllevar una eventual nulidad de actuaciones, atendiendo al avance y estado de la causa a día de hoy».

Por otra parte, Arturo Torró, ex alcalde de la citada localidad valenciana también ejerce la acusación en el caso. Recientemente para evitar que caduque la causa solicitó la prórroga de la instrucción. «La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias de instrucción se practicarán en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha del auto de apertura de diligencias previas o el sumario, si bien, en el caso de que no se pueda concluir la instrucción en el término acabado de referencia, se podrá declarar la complejidad de la causa, a petición del Ministerio Fiscal o de cualquier otra parte acusadora personada en el procedimiento antes del plazo para la finalización de la instrucción, solicitándose su prórroga por períodos iguales o inferiores a 6 meses».