Un ilegal argelino que había pedido la regularización, detenido por agredir sexualmente y dar una paliza a una joven en Málaga

Un argelino, de 33 años, en situación irregular, fue detenido el pasado 6 de junio acusado de los delitos de agresión sexual y lesiones a una joven de 19 en Málaga. El arrestado, que quedó en libertad tras prestar declaración judicial a la espera de nueva citación, había solicitado recientemente la regularización extraordinaria en virtud del proceso iniciado por el Gobierno el pasado mes de abril, según confirman fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron cuando la joven, acompañada de una amiga, salía de una discoteca en la zona centro de la ciudad. Entonces, según su testimonio, dos chicos se les acercaron con intención de robarles el móvil. Fue entonces cuando uno de ellos trató de besar y abrazar a la chica, a lo que ella se negó, apartándole, momento en que el hombre le propinó un puñetazo que le provocó una violenta caída al suelo, dejándola inconsciente. La joven sufrió lesiones de consideración, con fractura nasal y orbital y distintos hematomas en el rostro, que requirieron atención médica inmediata e ingreso hospitalario.

El detenido, de origen argelino, lleva en España menos de un año y no tiene antecedentes penales. Recientemente se había acogido al proceso de regularización de personas extranjeras que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril. A 15 días de que finalice el plazo, el próximo 30 de junio,  Ejecutivo ha recibido ya 900.000 solicitudes de regularización y ha admitido a trámite unas 360.000. El Gobierno estimó que la medida beneficiaría a medio millón de inmigrantes, aunque la Policía lo elevó a más de 1,2 millones.

Para acogerse a la regularización, los extranjeros deben disponer de un certificado de ausencia de antecedentes penales. También se valorará el informe policial. Pero, en ese caso, «la existencia de antecedentes no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización», según establece la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada por el Consejo de Ministros.

La valoración del informe policial corresponderá al personal de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería –que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– y no a la Policía. Estos funcionarios deben decidir si el extranjero «representa una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública». La valoración, según indica el real decreto, se hará «de forma casuística y circunstanciada».

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió del riesgo de regularizar «a granel» a personas que han delinquido y tienen antecedentes policiales. «No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país», avisó Feijóo.

Esa preocupación no es exclusiva de la oposición. La aprobación del decreto provocó también debates en el seno del propio Gobierno. Como reveló OKDIARIO, el Ministerio del Interior reclamó que el informe policial fuese «vinculante» o que su «valoración», a efectos de conceder o no la autorización, correspondiese a este departamento. La petición fue rechazada y la norma aprobada por el Consejo de Ministros determinó finalmente que los antecedentes policiales «no suponen causa automática de denegación».

Este periódico también publicó que presos acusados de delitos graves, como yihadismo y narcotráfico, aún sin condena, en prisión preventiva, se habían interesado en las cárceles por los trámites para la regularización.