Igualdad desoyó durante medio año tres quejas de una víctima por fallos en la pulsera antimaltrato

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 13/11/2026 05:47
  • Actualizado: 13/11/2026 05:47

Una víctima de violencia de género presentó, entre julio de 2025 y enero de este año, «tres quejas sucesivas» sobre la pulsera telemática, «sin que se resolviera la incidencia». Así lo detectó el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de los contratos para la prestación de este servicio de protección a las mujeres maltratadas. La Fiscalía Europea ha enviado este jueves a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude en la compra de las pulseras telemáticas.

La investigación, que se inició el año pasado, se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos, utilizados para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento y otras medidas de protección de las víctimas de violencia de género.

En septiembre de 2025, OKDIARIO reveló que los «múltiples fallos» en las pulseras telemáticas, adjudicadas durante la etapa de Irene Montero como ministra, habían provocado «una gran cantidad» de absoluciones de maltratadores. El problema radicaba en las deficiencias en el trasvase de información sobre las usuarias de este sistema al cambiar de empresa.

El Tribunal de Cuentas decidió entonces fiscalizar los contratos celebrados por Igualdad para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023, vigente hasta mayo de 2026, que alcanzaron un importe de 102,6 millones, de los cuales 42,6 millones correspondían al polémico contrato, financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El órgano fiscalizador detectó «graves deficiencias» en la contratación y en el seguimiento del sistema telemático para proteger a las víctimas de la violencia de género, como fallos de cobertura, escasa duración de las baterías, dificultad para localizar a los agresores o la ausencia de un sistema de gestión de las quejas de los usuarios.

Quejas sin respuesta

Este mecanismo permaneció inoperativo durante más de un año. Desde el inicio de la ejecución del contrato, en febrero de 2024, «a pesar de las reiteradas demandas procedentes del ámbito judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las distintas administraciones implicadas, de las víctimas y de las propias trabajadoras de la Sala COMETA», el centro operativo encargado de gestionar, vigilar y controlar en tiempo real estos dispositivos de protección de las víctimas de violencia de género.

Finalmente, el módulo de quejas entró en funcionamiento en el mes de junio de 2025. Entre los casos destacados, merece especial mención el hecho de que una misma víctima «presentara tres quejas sucesivas», en julio y diciembre de 2025 y enero de 2026, «sin que se resolviera la incidencia». Esto, destaca el Tribunal de Cuentas, «refleja el fallo del sistema y la deficiente gestión de la queja, que dio lugar a una reclamación patrimonial de 75.000 euros desestimada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género».

Según el Tribunal de Cuentas, esas deficiencias «evidencian manifiestas debilidades en el mecanismo de seguimiento del contrato, que no fue acompañado de medidas de exigencia contractual efectivas» por parte del Ministerio de Igualdad. «Los requerimientos a la adjudicataria fueron tardíos, y, excepto en un caso, no consta que se hayan impuesto penalidades ni ejercido acciones de reclamación frente a los incumplimientos. Únicamente se abrió un expediente de penalización debido a la caída del servicio, en noviembre de 2025, por un importe de 25.285,48 euros.

«Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), retrasos en las reparaciones», indicó el órgano fiscalizador.