La hermana de Puente vetó 7.000 nacionalizaciones de sefardíes por «falta de rigor probatorio» mientras disparaba las del falso exilio
Varios juristas consideran que el Gobierno utiliza una "doble vara de medir" en su política de nacionalizaciones
La hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, la actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, consiguió una cifra récord de denegaciones a los judíos sefardíes solicitantes de la nacionalidad española en su etapa anterior, mientras ocupó el puesto de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Según los datos del Ministerio de Justicia, denegó alrededor de 7000 peticiones planteadas por judíos sefardíes, tras la instrucción que endureció las condiciones planteadas inicialmente en la Ley 12/2015.
Fue precisamente Sofía Puente la responsable de la instrucción que restringió severamente las condiciones de la norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Según los datos del Ministerio de Justicia, durante los primeros años de aplicación de la ley, las denegaciones eran casi inexistentes (apenas un 0,04% de los casos antes de 2020). Pero tras la llegada de Sofía Puente, el 30 de enero de 2020, y la posterior aprobación de su nueva instrucción, se produjo un cambio de tendencia muy llamativo.
La consecuencia práctica fue que los descendientes de las comunidades judías que vivieron en la Península Ibérica hasta finales del siglo XV, tras su expulsión, se vieron obligados a documentar mucho más y mejor su descendencia y los vínculos con España de sus antepasados, además de requerir un vínculo real, profundo y actual con España, por lo que el número de nacionalizaciones se ralentizó de forma llamativa mientras se producían denegaciones masivas y numerosos litigios en los tribunales.
La nueva instrucción exigía también un «rigor probatorio», que no exige en la instrucción que desarrolla la Ley de Memoria Democrática y que ha permitido nacionalizar alrededor de medio millón de personas con arreglo a la conocida como Ley de Nietos.
A diferencia de la instrucción restrictiva empleada para las nacionalizaciones de judíos sefardíes, el texto firmado por Sofía Puente que indica el procedimiento a seguir para nacionalizar a exiliados, víctimas del franquismo, señala que podrán optar a la nacionalización «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».
De acuerdo con los datos registrados en el Ministerio del Interior, en total se presentaron en los plazos determinados para solicitar la concesión de la nacionalidad a descendientes de judíos sefardíes 153.774 solicitudes, de las cuales 64.823 fueron desestimadas, 88.951 llevaron a tramitarse y se concedieron 72.297. Los rechazos, un total de 7.252 se produjeron prácticamente en su totalidad, tras la instrucción de Sofía Puente.
Juristas consultados por OKDIARIO señalan que existe una clara «doble vara de medir» entre estos dos colectivos a los que las autoridades españolas han querido reconocer, en las últimas décadas, un derecho basado en cuestiones de reparación y justicia histórica.
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