España
Guardia Civil

Los guardias civiles estallan contra Díaz por querer multarles si no hablan catalán en Baleares

"El Cuerpo no contempla el conocimiento de las lenguas cooficiales", aclara IGC

"No hay un razonamiento jurídico" detrás de la petición de Sumar, asevera AEGC

Las asociaciones de guardias civiles han clamado contra Sumar, formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, por exigir sanciones contra los agentes que no atiendan en catalán en las Islas Baleares. «El Cuerpo no contempla de forma específica el conocimiento de las lenguas cooficiales», aclaran los representantes de los agentes de la Benemérita. Y apostillan que esas acusaciones «no tienen base jurídica».

El partido magenta ha señalado a los agentes de la Guardia Civil de servicio en las Islas Baleares por no hablar catalán. Sumar pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que forma parte, que si la Benemérita no atiende a los ciudadanos en la lengua cooficial del archipiélago se trataría de una «infracción muy grave» que podría conllevar hasta seis años de suspensión de empleo.

El portavoz de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Daniel Fernández, asegura que «los guardias civiles dan siempre el mejor servicio que les es posible con los medios de los que disponen». El representante de la entidad ha aclarado que «todos los agentes cumplen con los requisitos lingüísticos que el Estado les exige a la hora de aprobar la oposición de ingreso al Cuerpo».

Fernández ha apostillado que las bases de la oposición de acceso a la Guardia Civil «no contemplan de forma específica el conocimiento de las lenguas cooficiales». Por tanto, no podrían exigir que conozcan la lengua en casos como los que Sumar contempla sancionar.

AEGC: «No hay razonamiento jurídico»

El vicepresidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Francisco Larios, aclara que «no se puede obligar a nadie a utilizar un idioma que no conoce porque no ha sido formado para utilizarlo». «No hay un razonamiento jurídico sobre el que se sostenga esta denuncia», apostilla el representante de la entidad.

«Deberían denunciar a quien no proporciona los medios, en este caso formación en él, intérpretes o formularios en esa lengua», replica. «Si nos dan clases, lo utilizaremos», espeta Larios.

Además, recuerda que «existe un idioma que todos tenemos derecho y deber de conocer y éste es el español». «Con educación y buena voluntad todos podemos entendernos en esta lengua hasta que no existan los medios necesarios para utilizar otra», subraya el vicepresidente de AEGC.

El representante de la asociación asegura que no existe ninguna obligación de conocer la lengua cooficial para ir destinado a lugares como Islas Baleares, donde, además del castellano, está reconocido el uso del catalán.

«También deberían preocuparse por la discriminación que sufrimos guardias civiles y policías nacionales con respecto a policías autónomas», afea Larios. El vicepresidente de AEGC recuerda que mientras que «ellos son profesión de riesgo», la Guardia Civil no. Como ejemplo, detalla que a los agentes de esos cuerpos «se les aplican unos coeficientes correctores para jubilarse antes y con un 40% más de pensión».

No saber catalán, «muy grave»

El partido de Yolanda Díaz aseguraba que «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden negarse a tramitar una denuncia en catalán». De este modo, exigían que se aplique a los agentes de la Guardia Civil una «infracción grave» por no atender los requerimientos de las personas que pidan tramitar una denuncia o ser atendidos en catalán. «Se trata de un comportamiento intolerable», justificaba la iniciativa de Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, un partido coaligado con Sumar.

Pero además, consideraban que, por no atender a una persona en catalán, podría darse una «conducta discriminatoria por razón de lengua» que consideran como «falta muy grave».

La Ley Orgánica 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil recoge que las faltas muy graves pueden llegar a implicar:

  1. Separación del servicio.
  2. Suspensión de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años.
  3. Pérdida de puestos en el escalafón.