La Guardia Civil pidió un mes antes de la invasión «medios marítimos y terrestres» frente al «incremento de llegadas» a Ceuta
La Benemérita pidió modificar la ley para permitir el "rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla" por mar
La Guardia Civil pidió medios marítimos y terrestres en Ceuta ante el «riesgo de incremento de llegadas» de inmigrantes casi un mes antes de la invasión de Ceuta en la que llegaron 80.000 extranjeros a la ciudad autónoma en apenas 24 horas. El documento consta entre los archivos desclasificados este miércoles por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la crisis migratoria en el enclave español.
La comunicación de la Benemérita se produjo a través de una nota de despacho el 8 de julio, es decir, 22 días antes de la invasión de Ceuta. La Guardia Civil puso sobre la mesa cuatro propuestas para ambas ciudades autónomas, tres de ellas centradas en Ceuta. Las peticiones respondían al «riesgo de incremento de los accesos irregulares por vía marítima por el posible efecto llamada» de una sentencia del Tribunal Supremo.
La decisión de esa alta instancia recogía que las devoluciones en caliente sólo se podían aplicar a «aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas». Es decir, el Supremo dictaminó que los extranjeros que entraban en la ciudad autónoma por mar no podían ser devueltos inmediatamente al no haber una delimitación fronteriza.
Las conocidas como devoluciones en caliente, según el Tribunal Supremo, sólo podrían realizarse «de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza». Es decir, con la colocación de boyas como hizo el Gobierno unos días después de la llegada masiva del 30 de julio. Algo que el Ejecutivo preveía hacer en el futuro, pero que establecieron aceleradamente por la emergencia migratoria.
Por ello, casi un mes antes del asalto migratorio, la Guardia Civil pidió una modificación de la Ley de Extranjería. Concretamente, se solicitó modificar la Disposición Adicional Décima, es decir, el apartado sobre el que se pronunció el Supremo. El Instituto Armado solicitó incorporar «expresamente la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla realizado fuera de los pasos fronterizos habilitados». Y que esto se pudiera hacer «con independencia del medio utilizado (terrestre, marítimo o cualquier otro)» para entrar a España.
Por otro lado, la Guardia Civil solicitó «reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta». Esta es la unidad encargada del dispositivo para prevenir la entrada de nadadores a Ceuta. La Guardia Civil pretendía solucionar ese problema «incrementando su personal mediante comisiones de servicio».
En último lugar, se pidió «potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera» en Ceuta y Melilla. En este caso, la propuesta de la Benemérita pasaba por complementar la actuación de los medios marítimos y terrestres «para anticipar los intentos de entrada irregular, advertir a las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para la vida e integridad de las personas implicadas».
El CNI avisó a Delegación de Gobierno
Otros documentos desclasificados por el Gobierno de Sánchez prueban que el CNI emitió varios avisos sobre el Gobierno un día antes de la invasión. A las 13:52 horas del 29 de julio, el CNI envió un mensaje a la Delegación de Gobierno en Ceuta, encabezada por el socialista Miguel Ángel Pérez Triano, en el que aseguraba que en redes sociales había «un llamamiento para asalto por valla y mar mañana» a las 20:00 horas.
Este salto se haría «aprovechando la fiesta del trono» y sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «estarán liados». «Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores», alertaba la inteligencia dependiente del Ministerio de Defensa de Margarita Robles.
El CNI compartía esta información con el Ejecutivo, según las propias palabras del centro, para que se hicieran «a la idea del alcance de la difusión». «Sus rilas», contestó la Delegación de Gobierno.
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