El Gobierno vuelve a lo suyo: anuncia una reforma de la ley para poder ilegalizar la Fundación Franco

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado hoy en una visita al Palacio Real de Madrid que el Gobierno pretende elevar al Consejo de Ministros en este mes de julio un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica, que reforme la norma impulsada por el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. El Gobierno retoma así su tema estrella que tantos réditos le hace ganar entre su electorado de izquierda y de extrema izquierda y no olvida la vieja promesa de la anterior legislatura socialista de reforma la citada ley.

La hoy Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ya aseguró cuando era ministra de Justicia que entre las modificaciones de la Ley de Memoria Histórica previstas figuraba la intención de su Gobierno de averiguar cómo ilegalizar asociaciones que entendía que hacían apología del franquismo, como la Fundación Francisco Franco. De hecho, ya entonces el Gobierno de Pedro Sánchez aventuró que trabajaba en la posibilidad de recortar  el «derecho de asociación» para ilegalizar la Fundación Franco.

Así, apenas entiende el Gobierno que tiene resuelta la pandemia del coronavirus vuelve a lo suyo.

Carmen Calvo, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha especificado este martes que su departamento ultima ya el texto que pretende modificar la actual Ley de Memoria Histórica con la voluntad de que el Gobierno desembolse fondos públicos en pro de esta política, a diferencia de lo que hizo el Ejecutivo ‘popular’ de Mariano Rajoy, que «se jactó de decir que había cero euros para la memoria democrática».

Calvo ha avanzado que su ministerio ultima asimismo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «un plan de exhumación en todo el territorio muy importante, con derivación de fondos públicos para que a través de los ayuntamientos podamos exhumar y devolver a los familiares con identificación a sus familiares».

«Resignificación del Valle de los Caídos»

Se trabaja también, para reformar la Ley de Memoria Histórica, según ha añadido, en un banco de ADN de las víctimas y en la «resignificación del Valle de los Caídos», para lo que ha anunciado una pronta reunión sobre esta cuestión.

De manera que los planes de la vicepresidenta pasan por que «en dos o tres semanas» pueda elevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. El viernes pasado, su Ministerio abrió un plazo de consulta pública para que la sociedad civil pueda hacer llegar sus sugerencias al respecto.

La vicepresidenta ha querido recordar al PP que España «es la única democracia importante en el mundo que tiene fosas comunes con desaparecidos y familias enteras esperando, algunas personas muy mayores, no morirse pensando que sus padres, sus abuelos, sus familiares están sin identificar y sin la dignidad que corresponde a una democracia».

Ilegalización de asociaciones franquistas 

Ya en noviembre de 2018, OKDIARIO informaba de que el Gobierno estaba dando pasos para legalizar la Fundación Francisco Franco y todas aquellas asociaciones o fundaciones que, resume el Ejecutivo, «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia, contras las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición como tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo».

Así constaba en una respuesta por escrito al senador de Compromís, Carles Mulet, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez detallaba por primera vez los trámites para cumplir con su objetivo.

El Ejecutivo se remitía al proyecto de reforma de la Ley de Memoria Histórica, entonces en trámite parlamentario, que recogía expresamente la declaración de ilegalidad de estas asociaciones y fundaciones. Y para ello, añade, se seguirá un itinerario: «Se procederá a las modificaciones correspondientes en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones».

La ley de asociación establece que «todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos» y también que «el derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa». Únicamente se determina que «las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales» y que también se «prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar».