El Gobierno esgrime el vacío jurídico para rechazar un aplazamiento de las elecciones catalanas

El PSC ya se había manifestado en contra de aplazar las elecciones en Cataluña. Ahora el Gobierno también ha desvelado su desacuerdo, por boca del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que avisa de un vacío legal para ello. Sólo un gobierno autonómico puede aplazar unos comicios.¿Quién lo hará, entonces?

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avisado de que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral general, al ser preguntado por el posible aplazamiento de los comicios en Cataluña, y ha pedido «mucha cautela ante una falta de previsión legal».

«Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia», ha alertado el ministro en una entrevista este jueves en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, y ha citado la Comisión de Venecia, que habla de democracia, estado de derecho y derechos fundamentales.

Ha asegurado que «si no queda más remedio podría hacerse, pero es una cosa muy muy delicada», cree que la respuesta tiene que ser proporcionada y que hay necesidad de que haya gobiernos operativos y con el 100% de las capacidades, y ha apuntado que el derecho siempre tiene capacidades de impugnación.

Ha dicho que sería una muestra de normalidad que se celebrasen y que «todas las circunstancias no impiden la celebración de la democracia», y ha añadido que sería una buena noticia que el presidente de la Generalitat pueda verificar que sean el 14 de febrero.

Preguntado por si los presos independentistas podrían presentarse a unas elecciones si son indultados y se atrasan los comicios, Campo ha respondido: «Sinceramente, no creo que se puedan aplazar tanto. Es posible, pero lo veo bastante difícil».

Campo ha explicado que el Tribunal Supremo está recopilando informes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado e instituciones penitenciarias para «capitalizar la petición de indulto», que después pasarán al Ministerio de Justicia, que reelaborará cada uno de los indultos y lo trasladará al Consejo de Ministros, y ha concretado que ahora el Supremo está pidiendo informes a la Abogacía.

Ha negado que se estén retrasando los trámites, y ha defendido que «hay más transparencia que nunca» y que el proceso se encuentra en tiempos normales y tempranos para la toma de decisión, en sus palabras.

Rey emérito

Al ser preguntado por una información de eldiario.es que apunta que Patrimonio Nacional paga presuntamente los sueldos y viajes del personal desplazado a Emiratos Árabes Unidos para asistir al rey emérito Juan Carlos I, Campo ha asegurado que no ha leído la noticia: «Tampoco tengo por qué sobresaltarme sobre esta cuestión, tiene que haber una protección».

Ha respaldado las palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo, que sostenía que el rey emérito no ha recibido recursos públicos: «Solo puedo decirle que desconozco el detalle, no es de mi departamento. Si lo ha dicho ella está claro que será así».

El ministro ha defendido que la monarquía está haciendo un esfuerzo permanente de transparencia y pasos importantes para ser una monarquía del siglo XXI, aunque «hay cosas que tiene que ir puliendo», y ha respaldado la postura del PSOE en el Congreso, contrario a abrir una comisión de investigación sobre las tarjetas black del emérito.

Campo ha explicado que no se oponen a investigarlo sino que quieren «mantener el criterio de que el Congreso controla al Gobierno, no a la Corona», y ha dicho que le preocupa cuando oye estas noticias, pero piensa que es una actuación de una persona concreta.

«Creo que tenemos que ser prudentes y decir que tenemos un estado derecho y tenemos una justicia que funciona. Dejemos que cada parte haga lo que está llamada a hacer», ha argumentado el ministro de Justicia.

Reforma del CGPJ

Campo ha lamentado que el PP «no participe en la consolidación del estado de derecho» y no haga público el acuerdo para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva dos años en funciones, y les ha acusado de no cumplir la obligación de renovarlo cada 5 años y de utilizarlo como moneda de cambio.

«Se han rebasado plazos de forma grosera, es razonable que no pueda hacer lo mismo que en plenas funciones», ha afirmado el ministro, después de que la Mesa del Congreso haya aceptado este miércoles tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al CGPJ mientras no sea renovado.

Ha añadido que confía en que «cada día suene el teléfono y el PP diga que se hace público el acuerdo», y ha dicho que son los populares quienes deben dar explicaciones sobre por qué no lo quieren hacer público.

Sobre el suplicatorio para que el Parlamento Europeo levante la inmunidad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el ministro ha afirmado que en un mes y medio o dos habrá una solución y ha pedido «respeto a los tiempos y prudencia».

Ha explicado que se está estudiando «por quién corresponde la posibilidad de presentar» un recurso sobre la resolución del tribunal belga sobre el exconseller Lluís Puig, que concluyó que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarle y que se había vulnerado la presunción de inocencia, y Campo ha dicho que le preocupa esta situación a nivel europeo.

Además, el ministro de Justicia ha asegurado que la reforma del delito de sedición no depende del Gobierno sino del Congreso y cree que «es una exigencia para el Estado, para la convergencia con Europa», ya que considera que la redacción es anacrónica y está obsoleta.