Hasta Pumpido ha votado en contra de dejar votar a los falsos nietos del exilio y el Gobierno rabia

El Gobierno ha mostrado su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional, con el voto en contra de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, que impide votar a los nietos que adquirieron la ciudadanía española gracias a la instrucción firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes. Aquella orden permitió nacionalizar más allá de lo que indicaba realmente la ley. Fuentes del Ejecutivo insisten en que confían en una «decisión definitiva» que determine que «no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado».

En todo caso, Moncloa dice que «respeta la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, considerando que la vía judicial previa no está agotada ante el Tribunal Supremo».

Sin embargo, fuentes del Gobierno tratan de restar importancia a la decisión de la Corte de Garantías porque sólo «se limita» a analizar «motivos procedimentales» y «no aborda el fondo de la cuestión». «Como no lo ha hecho tampoco el Supremo», recuerdan desde Moncloa.

En esa línea, las fuentes del Ejecutivo ponen el acento en que la administración socialista «continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto». Y lo argumentan en que es «el derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución».

«Confiamos en que la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado», protestan desde el Gobierno. «No puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos», recalcan las fuentes de Moncloa.

La reacción llega después de que el Pleno del Tribunal Constitucional rechazara por 10 votos a 2 el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión de voto de los falsos nietos.

El político socialista interpuso un recurso de amparo tras las presiones del Gobierno para que la Corte de Garantías corrigiese la decisión del Supremo de suspender los efectos electorales de las nacionalizaciones que se realizaron después de que una instrucción de Sofía Puente extendiera el derecho a más personas de las que originariamente establecía la Ley de Memoria Democrática.

Los magistrados del Constitucional han tumbado este recurso argumentando que el asunto aún estaba siendo juzgado y que no se puede acudir a la Corte de Garantías si no se ha agotado la vía judicial en el Tribunal Supremo. El resto de argumentos se expondrán durante el procedimiento.

Los dos votos discrepantes han sido los de Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia con Sánchez, y Ramón Sáez, magistrado escogido a propuesta de la entonces formación Unidas Podemos. El presidente de la Corte de Garantías, habitualmente alineado con las tesis del Gobierno en los asuntos en los que ha tenido que decidir su Tribunal, ha votado en contra de la posición del Ejecutivo.

Todo ello, el mismo día que una juez de Madrid ha admitido a trámite la querella de HazteOir contra Sofía Puente por un presunto delito de prevaricación administrativa por firmar la instrucción que nacionalizó a los falsos nietos. Puente dictó en 2022, cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la instrucción que permitió la nacionalización de descendientes de emigrantes españoles –hasta taratanietos– al margen de la llamada Ley de Memoria Democrática, como desveló OKDIARIO.