El Gobierno no corregirá en su nueva Ley de Extranjería el ‘agujero negro’ que permitió la invasión de Ceuta por mar

El borrador de la nueva Ley de Extranjería del Gobierno de Pedro Sánchez no corrige el agujero negro que permite a los inmigrantes entrar en Ceuta a través del mar. La redacción mantiene el precepto por el que los inmigrantes ilegales llegados a Ceuta y Melilla por mar no pueden ser expulsados inmediatamente, lo que se conoce como devoluciones en caliente. Así lo interpretó el Tribunal Supremo en una sentencia este pasado mes de junio. Esa decisión, según los informes del Ejecutivo socialista, propició la afluencia masiva de personas a la ciudad autónoma a través de su frontera con Marruecos el pasado 30 de julio.

El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, prepara un nuevo texto para modificar la Ley de Extranjería y adaptarla a las nuevas exigencias de la Unión Europea. Sin embargo, no aprovecharán este procedimiento para modificar el «régimen especial para Ceuta y Melilla», fijado en 2021. Este precepto (regulado en la disposición adicional décima) otorga mecanismos adicionales a las ciudades autónomas para gestionar las entradas irregulares de extranjeros. Concretamente, establece que los inmigrantes llegados ilegalmente a las ciudades autónomas pueden ser devueltos si se les descubre superando «los elementos de contención fronterizos».

Una sentencia del Supremo de junio interpretó este artículo de manera que las devoluciones en caliente sólo se podían aplicar a «aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas». Es decir, el Alto Tribunal dictaminó que los extranjeros que entraban en la ciudad autónoma por mar no podían ser devueltos inmediatamente al no haber una delimitación fronteriza en el agua.

Petición de la Guardia Civil

Una comunicación de la Guardia Civil desclasificada por el Gobierno alertaba de que esta decisión del Supremo suponía un «riesgo de incremento de los accesos irregulares por vía marítima por el posible efecto llamada».

Casi un mes antes del asalto migratorio, la Benemérita pidió, precisamente, modificar la Ley de Extranjería: solicitó enmendar la disposición adicional décima, el apartado sobre el que se pronunció el Supremo. La petición era que la nueva redacción incluyera «la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla realizado fuera de los pasos fronterizos habilitados». Y que esto se pudiera hacer «con independencia del medio utilizado (terrestre, marítimo o cualquier otro)» para entrar a España.

Sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso de esta advertencia y, unas semanas después, se produjo el asalto masivo a la frontera de Ceuta con Marruecos. En apenas 24 horas, entraron en la ciudad autónoma casi 80.000 personas. Tampoco ahora se va a corregir, aprovechando que se van a modificar otras partes de la ley.

En su lugar, Interior optó por colocar boyas. De ese modo, los inmigrantes que cruzasen ilegalmente por mar podían ser devueltos, ya que habrían superado una barrera física. No obstante, estas mismas boyas amanecieron con desperfectos y dejaron zonas desprotegidas el pasado 23 de septiembre, día en el que fuentes de Defensa admitían que existían avisos de una posible entrada masiva.

El Ejecutivo ha prometido colocar unas instalaciones de mayor entidad para evitar las entradas ilegales. Entre otras medidas, prevé prolongar 100 metros el espigón de El Tarajal con un dique vertical. A ello se sumará otro sistema de balizamiento, que sustituirá a las boyas actuales y llegará hasta el fondo marino para evitar entradas submarinas. Aun así, se trata de obras que Interior prevé ejecutar a largo plazo.

Propuesta del PP en el Senado

Frente a esta situación, el PP ha presentado en el Senado una proposición de ley para revertir el vacío legal al que el Gobierno de Pedro Sánchez achaca la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio. Según fuentes populares, el Supremo «no dice que falten boyas o vallas, dice que la letra de la ley actual limita así su aplicación». Por tanto, su análisis es que «el problema es de la ley, no de infraestructura», y que esta traba «sólo se corrige cambiando el texto».

Además, desde Génova insisten en que «aunque haya obstáculos marítimos» como las boyas, la ley seguiría exigiendo «superarlos». «Mientras la ley siga redactada en torno a la existencia y superación de un elemento de contención, cualquier entrada que no encaje exactamente en ese supuesto seguiría quedando fuera del régimen especial», subrayan desde el PP.

Este cambio legal propuesto por el partido de Alberto Núñez Feijóo, que el Gobierno no ha incorporado por ahora a su nueva Ley de Extranjería, se votará la próxima semana. Su objetivo es «garantizar que aplique en el agua, donde es mucho más difícil establecer elementos de contención y verificar cuándo se da ese supuesto».