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El Gobierno lleva por la vía urgente al Consejo de Estado la subida de la nota simple a días del 29N

El Ministerio deJusticia pide un dictamen en ocho días para encarecer las notas simples telemáticas

El Ministerio de Justicia ha remitido al Consejo de Estado, con carácter urgente, el proyecto de Real Decreto que modifica el arancel de los registradores y fija en 9,02 euros la nota simple telemática, frente a los 3,01 euros que recoge la norma vigente. La reforma incorpora expresamente dos tarifas: 9,02 euros por cada nota simple informativa telemática y 12,03 euros por cada servicio de información continuada. Supone multiplicar prácticamente por tres y por cuatro, respectivamente, el importe de referencia.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, el expediente ha entrado en el órgano que preside Carmen Calvo con el número 1091/2026, y el plazo de ocho días para emitir el informe hace pensar que el Ejecutivo quiere aprobarlo en la última semana antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La petición de urgencia reduce a ocho días el margen del órgano consultivo para pronunciarse. Si se cumple ese calendario, el dictamen llegaría a las puertas de la cita con las urnas. Para fuentes del sector estamos ante una cacicada.

El proyecto no figuraba en el Plan Anual Normativo de 2026. Justicia ha justificado su tramitación alegando que ha surgido una “necesidad regulatoria urgente”, pero no ha explicado qué circunstancia concreta la ha provocado.

La clave de la polémica está en que la norma da cobertura legal a unos precios que ya se venían cobrando. Varios tribunales han confirmado su ilegalidad manifiesta.

En lugar de corregir los cobros que los jueces consideran sin respaldo en el arancel vigente, el Ministerio ha optado por modificar ese arancel para incorporar esas mismas cantidades.

Sentencias judiciales

El origen del conflicto se remonta al Real Decreto 1427/1989, que establece el arancel de los registradores de la propiedad. Para una nota simple informativa, el importe previsto es de 3,01 euros por finca.

Con la digitalización de los registros, sin embargo, empezaron a aplicarse otros importes por los servicios telemáticos. Esa práctica ha terminado en los tribunales.

El 22 de mayo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó una sentencia que cuestionó expresamente el cobro de 12,03 euros por una nota simple con información continuada.

El tribunal entendió que el arancel vigente daba cobertura a un cobro de 3,01 euros, pero no a los 12,03 euros facturados. También cuestionó que el Colegio de Registradores pudiera establecer por sí mismo tarifas que no estuvieran expresamente recogidas en la normativa.

El fallo abrió la puerta a reclamar los nueve euros cobrados de más en aquel caso. No anuló, en cambio, de forma automática todas las facturas del país.

La principal objeción a la reforma es que pretende legalizar hacia el futuro una práctica cuestionada judicialmente. Según esa crítica, la respuesta ante un cobro discutido debería ser revisar la práctica y devolver lo cobrado indebidamente, no cambiar las reglas.

Nota simple telemática

Los registradores han defendido que se trata de servicios diferentes. Sostienen que la plataforma electrónica requiere inversiones tecnológicas, mantenimiento y sistemas de seguridad.

El colectivo ha subrayado, además, que la nota simple ordinaria seguirá costando 3,01 euros. La controversia se centra en las modalidades telemáticas y de información continuada.

Los críticos replican que no se ha acreditado de forma independiente que esos costes justifiquen multiplicar las tarifas.

También cuestionan la falta de una memoria económica sólida del proyecto, ya que hasta ahora califican el impacto sobre ciudadanos y empresas como “nulo o insignificante”. Aunque cada nota cueste unos pocos euros, se trata de un servicio utilizado masivamente en el mercado inmobiliario.

Para quienes compran, venden, hipotecan o comprueban la situación jurídica de una vivienda, el sobrecoste se ha convertido en una gabela más, un pequeño tributo añadido a cada operación.

La asociación ADAC ha reclamado conocer cuántas notas se han expedido, cuánto dinero se ha recaudado y qué parte ha retenido el Colegio de Registradores por el uso de su plataforma. El pasado 12 de noviembre anunció que había acudido al Consejo de Transparencia para exigir esos datos.

El debate tiene también una dimensión institucional. Los registradores ejercen una función pública, aunque su retribución proceda de los aranceles que pagan los usuarios, por lo que sus tarifas no pueden fijarse libremente como las de una empresa privada.

A fecha de hoy, la reforma sigue en tramitación y no puede presentarse como una subida ya aprobada y en vigor. El dictamen del Consejo de Estado, aunque preceptivo, no es vinculante.

La nota simple sirve precisamente para eso: para saber, con certeza y en pocos minutos, qué hay inscrito sobre una finca. Lo que todavía no consta en ningún registro es cuánto se ha cobrado de más, con qué fundamento y por qué tanta prisa en cambiar las reglas a solo unos días de abrir las urnas.