El Gobierno compra sobres y papeletas de urgencia para garantizar que los españoles en el extranjero voten en los consulados

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado un contrato «de emergencia» con el objetivo de comprar «sobres y papeletas» para que los españoles residentes en el extranjero puedan votar en los consulados durante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Se trata, según el Gobierno, de «garantizar la disponibilidad en fecha del material electoral en los centros de votación en el exterior para el ejercicio del derecho de participación ciudadana».

El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó un acuerdo para la «declaración de emergencia para la contratación del servicio de recepción, almacenamiento, clasificación y empaquetado de material electoral (sobres y papeletas), destinado a las representaciones de España en el exterior». Así consta en la referencia de la reunión de titulares de cartera.

Con esta medida, el Gobierno pretende cumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que le obliga a distribuir «papeletas oficiales de voto en los centros de votación que se habiliten, adecuadamente publicitados, así como suficientes sobres de votación y los medios informáticos necesarios para la descarga del resto de la documentación precisa para votar durante los días habilitados para la votación presencial».

Moncloa teme no disponer de medios «en el plazo necesario» para preparar ese material. Por eso, el Consejo optó por el procedimiento de «contratación mediante tramitación de emergencia». El contrato costará 80.226,63 euros, impuestos incluidos.

«Actuar inmediatamente»

El Ejecutivo justifica la vía de emergencia por la «necesidad de actuar de manera inmediata» con el objetivo de «garantizar la disponibilidad, en fecha, del material electoral en los centros de votación en el exterior para el ejercicio del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos».

El voto exterior ha estado en el centro de la polémica en los últimos días, tras la exigencia del Tribunal Supremo de retirar del censo de votantes en el extranjero a los nacionalizados por la Ley de Nietos que no hayan acreditado documentalmente que descienden de exiliados de la dictadura.

Muchos de ellos se beneficiaron de una instrucción que dictó el Ministerio de Justicia. Ese documento meramente interno fue más allá de la ley y estableció que «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Bastaba, según ese texto sin valor normativo, con «acreditar la salida del territorio español», aunque el motivo no fuera político, ideológico, de creencia o de identidad sexual, como exige la Ley de Memoria Democrática. Cabe recordar que la instrucción la firmó la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes.

Voto de los ‘nietos’

Los que sí podrán votar, según una resolución más reciente del Alto Tribunal, son los 189.678 hijos de los nacionalizados por la denominada Ley de Nietos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en un auto en el que no entra en el fondo, sino que aprecia que la medida no podría aplicarse por el «breve lapso temporal» que queda hasta los comicios.

No es la primera vez que el Gobierno tiene que recurrir a la contratación de emergencia para dotar de papeletas y sobres a los consulados. Ya ocurrió en los comicios generales de 2023, cuando, en una resolución similar, el Ejecutivo reconoció también que no disponía «de medios suficientes».

Entonces, los plazos se le echaron encima al Gobierno. Los sindicatos de Correos denunciaron que la falta de personal suficiente para el reparto provocó que muchas papeletas no llegaran a tiempo al lugar de residencia de los electores que las habían solicitado y, por tanto, no pudieran ejercer su derecho al voto. Cabe recordar que aquellos comicios tuvieron lugar en pleno verano, el 23 de julio de 2023.