El Gobierno se asesoraba desde semanas antes del 8-M con los expertos de la UE que instaron a cancelarlo

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 08/04/2020 06:50
  • Actualizado: 08/04/2020 06:50

El Gobierno tenía un «contacto permanente» desde semanas antes del 8-M con el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, la agencia de la UE que, en un informe, pidió a las autoridades «evitar actos multitudinarios innecesarios» por el coronavirus. Ese dossier, fechado el 2 de marzo, instaba a los gobiernos a «valorar si es conveniente cancelar estos actos en casos excepcionales».

Pese a ello, y las advertencias del riesgo que suponían para la salud pública, el Ejecutivo siguió adelante con las marchas multitudinarias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acabó admitiendo después que los contagios estaban descontrolados dos semanas antes de que, alentadas por el Gobierno, miles de personas saliesen a la calle en toda España por el Día de la Mujer. Un mes después de aquella celebración, la pandemia de coronavirus ya ha dejado en España 13.798 muertos y 140.510 casos confirmados.

El Ejecutivo confirma ese estrecho contacto con los expertos de ese centro europeo en una pregunta por escrito en el Congreso de los Diputados. La respuesta está fechada el 26 de febrero, día en que, precisamente, se detectó el primer caso de contagio local en España, un paciente de Sevilla que no había viajado a zonas de riesgo.

En la respuesta se destaca que «el Ministerio de Sanidad se encuentra en permanente contacto con los organismos internacionales: OMS y Centro de Control de Enfermedades Europeo y Comisión Europea (ECDC) para evaluar los riesgos de la situación y coordinar las medidas de respuesta».

El reconocimiento por parte del Gobierno de que existía ya entonces un contacto permanente con este centro es relevante. El pasado 25 de marzo, un juzgado de Madrid abrió una investigación penal contra el delegado del Gobierno en la comunidad para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la del 8-M.

El demandante, un particular, destacaba que «a pesar de los datos con que se contaba en los primeros días de marzo de 2020 y, singularmente, a pesar del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades del 2 de marzo de 2020 sobre el coronavirus, las reuniones multitudinarias en Madrid de los días 7 y 8 de marzo no fueron prohibidas o restringidas por la autoridad competente, el Delegado del Gobierno de Madrid».

La juez ordenó varias diligencias para confirmar que el Gobierno estaba al tanto de las recomendaciones del Centro Europeo, entre ellas, un informe de la Guardia Civil sobre el «órgano de recepción oficial de dicho informe en nuestro país, la difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente y si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido)».

Desoyó sus advertencias

Pese a ese «permanente contacto», el Gobierno desoyó las recomendaciones que hizo ese organismo apenas seis días antes de las marchas ideológicas del 8-M.

En su informe, el centro europeo instaba a los países miembros de la UE a «evitar» los «actos multitudinarios», ya que existía evidencia científica de que hacerlo contribuía a «reducir la transmisión del virus». 

En su lugar, una amplia representación del Ejecutivo de PSOE y Podemos acudió al evento y, sólo cuatro días después, las ministras de Igualdad, Irene Montero y de Política Territorial, Carolina Darias, dieron positivo en el diagnóstico de coronavirus.

Pese a que Simón defendió entonces que se trataba de una convocatoria «para nacionales», es decir, sin «afluencia masiva de personas de zonas de riesgo», lo cierto es que la agencia europea aconsejaba ya «considerar la cancelación de las concentraciones masivas» en el mismo momento en que se detectasen ya focos del virus.

Además de la cancelación de eventos, se aconsejaba que la población permaneciese en sus viviendas y el cierre de centros educativos y lugares de trabajo. Medidas que el Gobierno español no adoptaría hasta varios días después.

Asimismo, el organismo recomendaba establecer ‘cordones sanitarios’ en zonas de «alta incidencia», es decir, el confinamiento total de las regiones más azotadas por la pandemia, y evitar «transportes abarrotados». Según estos expertos, las medidas de contención ya no resultaban «suficientes para retrasar el pico de la epidemia». El informe era meridiano: había que prestar atención a una epidemia que podría tener «resultados fatales». 

Pese a ello, Sanidad no elevaría el escenario a «contención reforzada» hasta una semana más tarde. En concreto, un día después de las marchas del 8-M.

«El virus se propaga rápidamente y puede tener un enorme impacto en la salud pública con resultados fatales en grupos de riesgo», alertaba el Centro Europeo, advirtiendo además de una «perturbación» social y económica. La respuesta del Gobierno fue, en cambio, nula.