El Gobierno aprueba la ley que obliga a la prensa crítica a publicar rectificaciones con «opiniones»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la ley que permite forzar a la prensa crítica a publicar rectificaciones con «opiniones» y no solamente con hechos. Así se ha expresado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha desarrollado este martes en La Moncloa.

El dirigente socialista ha asegurado que el ejercicio de ese derecho «se debe limitar a los hechos que se deban rectificar y que sean inexactos, falsos o no acreditados». Sin embargo, asegura que «al hilo de un comentario del CGPJ y del TC», se ha introducido un cambio: «Se podrán añadir opiniones cuando derive de la base fáctica». Aunque expone que sólo cuando sea necesario y sin que se exceda en esa opinión, sin entrar en más detalles.

Como ya publicó OKDIARIO, el nuevo texto aprobado por el Ejecutivo de Sánchez enmienda el articulado de la Ley Orgánica 2/1984, reguladora del derecho de rectificación, para permitir que se incluyan «opiniones o valoraciones» en los escritos que tendrán que publicar los medios y que, hasta ahora, estaban prohibidas.

Actualmente, el artículo segundo de la ley sobre la rectificación asegura que el texto que proponga el demandante «deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar».

Además, la jurisprudencia todavía vigente que adjunta el Boletín Oficial del Estado (BOE) al artículo, es decir, las decisiones que los jueces han tomado a este respecto, demuestra que los juzgados se han pronunciado en contra de la inclusión de opiniones. Una sentencia subrayó su «decisión ponderada favorable» a publicar un escrito de rectificación, pero «excluyendo únicamente las opiniones o juicios de valor» que el demandante incluyó.

Opinión… si es «imprescindible»

Sin embargo, el Gobierno ha aprobado un texto según el cual podrá «permitirse» la «incorporación» de estas opiniones «cuando resulten imprescindibles para entender el contexto y no se puedan escindir de los hechos».

Es decir, que podrán introducirse si se justifican correctamente. Lo que deja abierta la puerta a publicar en medios críticos la opinión del Gobierno, que en ocasiones ejerce este derecho a la rectificación.

Bolaños se ha vanagloriado de la aprobación de esta norma, que es uno de los «hitos del Plan de Acción por la Democracia». Este proyecto se revisitó como un plan de regeneración democrática, pero aboga por intentar silenciar a aquellos medios que informen sobre los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo o al entorno familiar de Sánchez.

Sánchez lanzó este plan después de los cinco días de reflexión, a mediados de 2024, después de tomarse cinco días de reflexión tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

«Se configura este derecho como un instrumento esencial en lo que ha de ser ese derecho constitucional a recibir una información veraz», subraya el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En el mismo Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado la reforma de la ley de protección del «derecho al honor» con la que pretenden favorecer a los miembros del entorno del líder socialista imputados en casos investigados por la Justicia.

Bolaños aseguró a mediados del 2025 que esta reforma se dirigía a «las personas que se vean difamadas injustamente puedan tener una reparación justa». «Buenas noticias para los demócratas, malas noticias para los acosadores y los difamadores, lo siento, PP y Vox», espetó el dirigente socialista.