El Gobierno agacha la cabeza ante el Supremo con la Ley de Nietos: «Se cumplirá el plazo, los ministerios están comprometidos»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que «se cumplirá el plazo» impuesto por el Supremo para entregar el listado de nacionalizados con la Ley de Nietos que se han incorporado al censo de votantes en el extranjero tras obtener la ciudadanía sin acreditar el exilio de sus antepasados. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha confirmado este extremo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

«Se cumplirá el plazo y los ministerios competentes están comprometidos con los recursos para que efectivamente se cumpla el plazo dado por por el Tribunal», ha indicado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El plazo que había dado el Supremo al Gobierno para entregar el listado con los votantes que se han sumado al censo electoral de españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA) termina este miércoles a las 15:00 horas.

El propio Gobierno había admitido hace dos semanas que no podía asegurar que pudiera sacar a los presuntos descendientes de exiliados del censo antes de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, tal y como ha exigido el Alto Tribunal. Miembros del Consejo de Ministros aseguran que la eliminación de estos nacionalizados es una «cuestión compleja». Desde el Ejecutivo aseguran que ese trabajo dependerá de los consulados, pero recalcan que el «cónsul tiene la obligación de permitir votar a quien tenga derecho al voto». Ahora, su opinión es diferente, y aseguran que cumplirán con la petición del Supremo.

Nietos de presuntos exiliados

La Ley de Memoria Democrática permitió a los descendientes de exiliados adquirir la nacionalidad. Muchos de ellos se beneficiaron de una instrucción que dictó el Ministerio de Justicia en 2022. Ese documento interno, firmado por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, fue más allá de la ley y estableció que «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Según aquella Instrucción, bastaba con «acreditar la salida del territorio español», aunque el motivo no fuera político, ideológico, de creencia o de identidad sexual, como exige la Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, el Supremo suspendió sus efectos electorales. El Alto Tribunal acordó en un auto mantener la suspensión cautelar del voto de los extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española por la llamada Ley de Nietos sin acreditar que sus antepasados se exiliaron por motivos políticos durante el franquismo. De este modo, los nacionalizados por la Ley de Nietos no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, salvo que los Registros Consulares certifiquen que accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente estos requisitos.

El Supremo afeó al Gobierno en su auto que «ni siquiera se ha aportado, de los 163.020 electores nacionales españoles inscritos en el CERA, que han adquirido la nacionalidad» a través de esa norma, «una cifra aproximada de los expedientes de aquéllos, que han sido desglosados». En otras palabras, resumió que el Ejecutivo «ha obviado por completo poner en conocimiento de esta Sala el nivel de cumplimiento de la orden recibida».

En ese sentido, el auto señalaba a la Abogacía del Estado, al servicio del Gobierno, por no aportar datos sobre la paralización de los efectos electorales de la Ley de Nietos. Es más, señalaban que desconocían «las personas» que «hayan acreditado los requisitos establecidos» en la ley, es decir, presentar un documento que pruebe el exilio político. Todo ello para comprobar cuántas personas lograron la nacionalidad sin presentar nada, tal y como permitía la instrucción de la hermana de Puente.

De hecho, en su escrito de alegaciones, la Abogacía del Estado aseguró que no podía expurgar los nacionalizados por la Ley de Nietos para la fecha que había dado entonces el Supremo, el 1 de enero. Es decir, aseguraba que era imposible llegar a la fecha prevista antes de las elecciones, lo que aún dificulta más llegar al 29 de noviembre.