El Gobierno advierte a los fiscales del Supremo que no tienen la última palabra sobre Tsunami

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha advertido que la decisión que ha tomado la junta de fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de investigar al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de procesados del caso Tsunami por terrorismo no es definitiva porque el organismo tiene una estructura «jerárquica» y la última decisión «la tiene quien la tiene». Es decir, el fiscal general del Estado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también titular de Educación ha expresado que «la decisión definitiva habrá de adoptarse» en función a los estatutos que determina el Ministerio Fiscal y que, por tanto, no es definitiva ni vinculante al ser un órgano consultivo.

La política aragonesa ha descrito que en el seno del Tribunal Supremo «se ha producido un debate jurídico en la junta de fiscales» y ha transmitido «el respeto del Gobierno a la junta de fiscales y al funcionamiento normal del Ministerio Fiscal».

En todo caso, ha querido matizar que «de acuerdo con los estatutos orgánicos del ministerio fiscal, la decisión definitiva deberá adoptarse por los órganos que establezca esta normativa».

Todo ello para, por último, insistir en hacer llegar su «respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta junta de fiscales». «Respetaremos la decisión final que adopte el ministerio fiscal y por supuesto los tribunales de nuestro país», ha expresado la ministra portavoz.

Estas declaraciones vienen después de que la Junta de Fiscales del Supremo apostase por rechazar el borrador del fiscal encargado de redactarlo, Álvaro Redondo, en el que alegaba, como defendía el Gobierno, que no existían indicios de que Puigdemont estuviera vinculado con la plataforma Tsunami y, por tanto, no consideraba que hubiera que investigar a Carles Puigdemont por terrorismo.

De los 15 fiscales que componen la Sala de lo Penal, 12 de ellos han rechazado ese borrador, mientras que 11 de ellos han defendido que sí que existían indicios de una posible comisión de un delito de terrorismo por parte de, entre otros, Carles Puigdemont y del diputado de ERC, Rubén Wagensberg.

«No se someten a la presión»

La reacción del principal partido de la oposición no se ha hecho esperar. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha expresado que «sobre todo lo que hay que valorar es la imparcialidad de la Junta de Fiscales, que no se somete a ningún tipo de presión por parte del presidente del Gobierno» ni «asumen presiones por parte de la Fiscalía General del Estado».

La dirigente popular ha recordado que la semana pasada, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «calificaba como si él fuera juez y parte». Y Gamarra ha recalcado que había que responder «ante las afirmaciones que ha hecho la ministra portavoz» y «reiterar que ya vale de presionar». «Parece más una presión que un respeto a la resolución que ha dictado la Junta de Fiscales», ha criticado la secretaria general del PP.

«Lo que le pedimos y lo que le exigimos al Gobierno es que respete las resoluciones de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy», ha exigido Gamarra al partido que encabeza el Gobierno de coalición. Desde Génova han recriminado a la ministra Alegría que recuerde «que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar».

«Creo que debe imperar la imparcialidad, la independencia y el principio de legalidad, que es lo que hoy ha imperado y sobre todo, el respeto a esas decisiones», ha sentenciado Gamarra.

Decisiones «en la línea» del Gobierno

Pilar Alegría también ha defendido la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar que se extiendan los tiempos de instrucción de las causas judiciales que ya adelantó Pedro Sánchez. Esta medida se enmarcaba en el diálogo que desde hace unas semanas estaba realizando el PSOE con Junts para contentar a los independentistas respecto a la redacción de la Ley de Amnistía, con el objetivo de no cambiar el texto ya presentado.

La ministra portavoz del Gobierno ha tratado de justificar esta medida en que «todos somos conscientes que las instrucciones se alargan y plantear esta propuesta va muy en línea con los pasos que ha dado este Gobierno para ir hacia una justicia más eficiente».

En todo caso, ha insistido en que «el diálogo y la negociación no recae sobre el Gobierno», sino que «le corresponde a los grupos parlamentarios». Además, ha sostenido que «al Congreso de los diputados llegó una ley constitucional, valiente, reparadora y acorde con el derecho europeo».