El Gobierno admite que habrá corruptos beneficiándose de la rebaja de la malversación: «Lo sabemos»

Como con la conocida como ley del sólo sí es sí, que está provocando una cascada de excarcelaciones y rebaja de condenas, el Gobierno admite que la reforma del delito de malversación también llevará a corruptos a pedir una revisión de sus condenas. «Lo sabemos», reconoce en los pasillos del Congreso uno de los miembros del Gobierno que también es jurista. Pero confían en que «sean los mínimos» y que «los magistrados actúen con responsabilidad».

En Moncloa hay miedo a las consecuencias jurídicas que el nuevo articulado del delito de malversación pueda tener entre aquellos que ya cumplen condena. Aunque Pedro Sánchez ha defendido que «no se va a dar ningún paso atrás en materia de lucha contra la corrupción». Ahora, desde el propio Consejo de Ministros asumen que es así. «No se pueden hacer distinciones entre unos condenados y otros», dicen.

Una vez se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que previsiblemente ocurrirá a finales de la semana que viene, la defensa de los condenados e imputados por corrupción política podrán acogerse al nuevo texto legal para ver recortadas sus condenas. En concreto, en aquellos casos en los que no haya existido un lucro personal por parte del reo, este verá limitada en un máximo de cuatro años su condena. Lo que en muchos casos provocará la excarcelación.

La posibilidad de que ocurriera esto es lo que ha provocado que varios grupos políticos, como Unidas Podemos o Más País-Compromís, expresasen sus dudas sobre la idoneidad de la reforma que busca beneficiar penalmente a los dirigentes de ERC que dirigieron el golpe separatista de 2017. En el caso de los morados han acabado votando a favor mientras que los valencianos se han abstenido. En ambos casos han recibido garantías por parte del Ejecutivo de que la reforma legislativa no iba a beneficiar a corruptos. Moncloa ya admite, sin paños calientes, que lo hará.

Anticorrupción

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, advirtió este este miércoles de las consecuencias que la reforma impulsada por el Gobierno podía tener. El máximo responsable de la lucha contra la corrupción pidió a la clase política que no dé un paso atrás y «que no se diluya la responsabilidad penal» coincidiendo con la polémica generada por la reforma del delito de malversación por parte de PSOE y ERC.

Luzón afirmó que «hace falta voluntad política para mejorar la prevención de la corrupción». Además puso el foco en la necesidad de reforzar la transparencia y de revisar las puertas giratorias así como mejorar los mecanismos de control de contratación pública, entre otras cuestiones.

A raíz de la reforma, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que adaptar su escrito de acusación sobre la ‘Operación Kitchen’, relativa al presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

La acusación de Anticorrupción en esta pieza separada número 7 del ‘caso Villarejo’ está prácticamente hecha, a la espera de que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 dé acceso al material completo de la investigación llevada a cabo durante estos años, un movimiento que el Ministerio Público aguarda desde hace semanas.