El Gobierno abre la puerta a echar a la Guardia Civil de Galicia: «La Constitución ampara ese derecho»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la puerta a echar a la Guardia Civil de Galicia para que la policía autonómica ocupe su lugar. El Ministerio el Interior de Fernando Grande-Marlaska ha justificado esta medida en que «la Constitución ampara ese derecho». Ésta es una exigencia histórica del BNG, uno de los socios parlamentarios del Ejecutivo socialista.

La cartera de Marlaska se ha pronunciado a través de una respuesta parlamentaria después de que Vox se interesara por conocer la «posición del Gobierno respecto a la propuesta del BNG de sustituir a la Guardia Civil por una policía autonómica en Galicia».

La cuestión planteada por Vox se interesaba por conocer la posición de Interior sobre esta materia después de que el BNG asegurara «que su intención es que el personal de Guardia Civil sea absorbido por este nuevo cuerpo de manejo autonómico».

Ante ello, el partido de Santiago Abascal preguntaba «cuál es la posición del Gobierno respecto a la propuesta del BNG de sustituir a la Guardia Civil por una policía autonómica en Galicia». Además, interrogaba a Interior sobre si el Ejecutivo de Pedro Sánchez iba a tomar «alguna medida para garantizar la continuidad de la Guardia Civil en Galicia».

La respuesta de la cartera de Marlaska se ha conocido esta misma semana. Interior asegura que «no puede valorar la voluntad política del despliegue de un cuerpo policial autonómico en Galicia». Sin embargo, asegura que «la Constitución española ampara ese derecho, siempre que así lo recoja su Estatuto de Autonomía».

En todo caso, el Gobierno ha subrayado que la Guardia Civil todavía «continúa desempeñando sus funciones con una organización adecuada y adaptada a las necesidades de seguridad».

Sin embargo, no cierra la puerta a continuar ampliando las competencias de la policía autonómica gallega. El ministerio de Marlaska ha incidido en que «la Guardia Civil continúa ofreciendo sus servicios a los ciudadanos y desempeñando sus funciones en Comunidades Autónomas que disponen de cuerpos policiales autonómicos».

Cesiones de competencias

A pesar de ello, en autonomías como Cataluña, las cesiones de competencias han empujado a la Benemérita fuera de la región. Así lo han expuesto las asociaciones de agentes de la Guardia Civil.

Hace unos meses, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) denunció su «marginación» respecto a los Mossos d’Esquadra en Cataluña. La entidad aseguró que se estaba llevando a cabo una «colonización indebida de las competencias» de la Benemérita por parte de la policía autonómica catalana. Y esto se ejemplificaba con la entrega de servicios como el de emergencias 112 en Cataluña.

«Las autoridades catalanas excluyen sistemáticamente a la Guardia Civil del servicio de emergencias en la región, una decisión que responde a intereses políticos y que pone en peligro la vida de las personas», advirtió la organización mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil.

Los socialistas gallegos ya votaron junto a los nacionalistas a favor de ceder a la policía autonómica las competencias de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria, que ahora ostenta la Guardia Civil en Galicia. En aquel momento, el PP denunció que se trataba de un «avance en el camino hacia la independencia». Finalmente, los populares de Alfonso Rueda frenaron la iniciativa con sus votos en contra, ya que cuentan con mayoría absoluta en la cámara autonómica.

La Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) ya lamentó en aquel momento que esa decisión ponía «en riesgo la protección de los gallegos en favor de estrategias partidistas». Los representantes de agentes de la Benemérita aseguraban que la iniciativa sólo respondía a una estrategia de «contentar a quienes quieren dividir en lugar de unir», en alusión a los nacionalistas gallegos del BNG, socios de Sánchez en el Congreso. «La seguridad pública no es moneda de cambio en estrategias políticas», aseveraban.