La Fiscalía a favor del indulto parcial a María Sevilla pese a no mostrar arrepentimiento

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha posicionado a favor de conceder el indulto parcial a la ex presidenta de Infancia Libre María Sevilla, condenada a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores. Sevilla retuvo a su hijo, que actualmente tiene 14 años, durante más de un año y huyó con él hasta Cuenca antes de entregárselo a su padre, que tenía otorgada la guardia y custodia desde finales de 2017. Además, la mujer acusó falsamente de abusos sexuales sobre el menor a su ex pareja Rafael Marcos.

Pese a ello, el Ministerio Público propone rebajar la pena de prisión que debe cumplir «exclusivamente» a dos años de prisión, porque se trata del primer delito por el que Sevilla ha sido condenada y porque, además, «ha mostrado asumir sus responsabilidades abonando la cantidad fijada como responsabilidad civil en favor del perjudicado, e ingresando voluntariamente en centro de cumplimiento, encontrándose así a disposición judicial, y para no perjudicar las relaciones materno- filiales con su hija», argumenta la Fiscalía en un informe remitido al Juzgado de lo Penal 2 de Ejecutorias.

Ello, a pesar de que la propia Fiscalía reconoce que María Sevilla no ha expresado su arrepentimiento, «en el sentido de reconocimiento expreso y claro», en relación con los hechos objeto de condena, y los perjuicios que con ella se han ocasionado al menor y al padre del mismo, «al privarles de la posibilidad de relacionarse durante un prolongado periodo de tiempo».

Sobre la pena de privación de la patria potestad durante cuatro años, para la Fiscalía «es la mínima aplicable al presente caso», por lo que la considera adecuada «en tanto que cuando concluya el cumplimiento de la misma el menor ya será mayor de edad».

Indulto total 

La Fiscalía Provincial de Madrid se opone a la concesión del indulto total porque la obstinación «en impedir la relación entre padre e hijo, y en desoír las resoluciones judiciales dictadas que la obligaban a facilitar y reestablecer dicha relación, resulta merecedora de sanción». En este sentido, el Ministerio Público añade que las penas impuestas son las legalmente previstas para estos casos, «y han sido motivadas y justificadas en su duración por las autoridades judiciales, sin que se aprecie desproporción entre los hechos penados y las consecuencias punitivas fijadas». Aún así, «la estricta observancia de la pena privativa de libertad impuesta podría conllevar una grave consecuencia en las relaciones materno-filiales respecto de la otra hija de la penada, que pudiera incidir negativamente en su desarrollo afectivo emocional».