La Fiscalía pide inhabilitar a 2 ex consellers por negarse a vacunar a guardias y policías en el covid

• Ángel Moya @AngelMoyatv
• Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018, también colaboro en televisión y en radio.
• • 26/05/2025 17:20
  • Actualizado: 26/05/2025 17:45

La Fiscalía pide inhabilitar a 2 dos consejeros y dos ex directores generales de la Generalitat de Cataluña por negarse a vacunar a guardias civiles y policías nacionales en Cataluña durante la pandemia del covid, a pesar de que ya habían vacunado a todos los miembros de las policías locales y de los Mossos d’Esquadra.

El ministerio público acusa a la ex consejera Alba Vergés de ordenar  «paralizar» en marzo de 2021 el proceso de vacunación de los agentes estatales de forma conjunta con su número dos, Marc Ramentol, el ex director general del Institut Català de la Salut (ICS) Josep Maria Argimon y el ex director del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella.

Los acusados, según la Fiscalía, eran «plenamente conscientes» de que al posponer la inmunización de los policías nacionales y de los guardias civiles «los acusados estaban discriminando» a los agentes de esos cuerpos, que «se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos».

Según la Fiscalía, el Departamento de Salud de Cataluña acordó «priorizar» la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años, «en detrimento de dichos funcionarios, salvo si tenían edades comprendidas en ese margen».

Y lo hizo, «a pesar de ser conocedores» de que en esa fecha solo estaban vacunados un 2,8 % de los guardias civiles y un 3,6 % de los policías nacionales, frente al 77 % de mossos y guardias urbanos, el 77,9% de policías locales y el 68,9 % de bomberos.

Los acusados señalan a la consejera

A lo largo del proceso, los acusados han descargado toda la responsabilidad de los hechos exclusivamente en la ex consejera Vergés.

Así, durante sus declaraciones, han contado como un ayudante directo de Vergès remitió un correo electrónico a Argimon y a Carmen Cabezas, entonces subdirectora general de Promoció de la Salut, en el que les conminaba a detener la vacunación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado por orden de la consellera. «Otra vez, la consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo, lo tendríamos que parar»,

Los responsables públicos catalanes no se opusieron a la orden de la consejera para dejar indefensos a los policías y a los guardias civiles.  Simplemente respondieron: «vosotros mandáis».

JUPOL y JUCIL piden 3 años de cárcel

Tras la polémica decisión, el sindicato policial JUPOL y la asociación de guardias civiles JUCIL presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que de forma cautelar dio un plazo de diez días al Departamento de Salud para vacunar a los agentes, hasta alcanzar la misma proporción de inmunizados que en el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Ambas entidades ejercen la acusación popular en la causa contra Vergés y la cúpula del Departamento de Salud durante la pandemia, para quienes piden una condena de tres años de cárcel y 15 de inhabilitación.

«Este caso evidencia el odio institucional que desde hace años se profesa desde la Generalitat hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es intolerable que en una crisis sanitaria se utilice la ideología para discriminar a quienes velan por la seguridad de todos los ciudadanos, también en Cataluña», ha señalado Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL.

Vergés declarada «non grata»

La consejera de Salud del Gobierno Catalán, Alba Vergés, ya fue declarada persona «non grata» junto a varios de sus colaboradores durante la pandemia de covid por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca.

El motivo fue la orden de la ex consejera de desmantelar por motivos ideológicos el hospital de campaña que la Guardia Civil había puesto en marcha para atender a los vecinos del municipio.

Entonces, el Ayuntamiento de Sant Andreu, muy molesto con la Generalitat por negarse a autorizar la apertura del hospital de campaña montado por la guardia civil en el polideportivo municipal, por motivos ideológicos decidió declararles personas «non gratas» en el municipio. “Espero que en el futuro el único color que defina la acción política sea el de ayudar a los demás, a los que sufren, a los que nos piden que les cuidemos”, dijo el alcalde.