La Fiscalía pide la imputación del nº 1 del PSOE en San Fernando de Henares por un caso urbanístico

La Fiscalía ha pedido la imputación de Javier Corpa, candidato socialista en San Fernando de Henares, por su implicación en el ‘caso Plaza de España’. Aunque la lentitud del juzgado puede hacer prescribir el delito en escasos meses, el concejal está contra las cuerdas por su participación en la Junta de Gobierno que provocó el gran pufo de la localidad.

El gobierno municipal del que Corpa formaba parte votó «por unanimidad», en julio de 2009, el proyecto de reparcelación de la plaza. Por tanto, fuentes consultadas por OKDIARIO indican que en 2019, diez años después, los presuntos delitos pueden quedar prescritos.

La Fiscalía cree que el candidato pudo cometer un delito de prevaricación al haberse omitido conscientemente en esas reuniones el trámite de información pública obligado por la ley, “trámite de especial trascendencia –dice la fiscal– en un proyecto en el que se estaban produciendo numerosas irregularidades”.

Este delito está penado con inhabilitación especial de 9 a 15 años para cargo público y con prisión de 1 a 4 años de cárcel. El juzgado número 5 de Coslada lleva tres años para completar las diligencias previas a la posible imputación de Corpa, que podría ser inminente. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral.

Nueva denuncia

La asociación vecinal El Molino está peleando en los juzgados este y otros escándalos urbanísticos millonarios en San Fernando de Henares. Precisamente ha presentado este martes una denuncia por delito continuado de prevaricación administrativa y permanente contra la ordenación del territorio de Corpa y el resto de integrantes de aquellos Gobiernos para evitar que los delitos prescriban por la inacción del juzgado. Un juzgado de Coslada investiga también la desaparición de expedientes en el Ayuntamiento que comprometerían a Corpa.

Este caso se traduce en la privatización de la principal del pueblo. Fue la obra fallida de un gobierno de coalición de IU con el PSOE. El proyecto fallido ha costado por ahora casi 100 millones de las arcas públicas de San Fernando de Henares. Ahora, la plaza está embargada por un crédito fallido de 54M € de Caja Madrid, el parking subterráneo cerrado y los vecinos perdieron sus casas. Varios alcaldes y concejales de IU están ya imputados. Las imputaciones podrían ampliarse en breve a otros miembros del PSOE en aquel equipo de Gobierno.

«La Andalucía madrileña»

Vecinos de San Fernando de Henares califican al Ayuntamiento de “la Andalucía madrileña”. Son 40.000 habitantes y desde 1979 gobierna la izquierda. Siempre con IU a la cabeza con el respaldo de PSOE con una excepción de gobierno del PSOE monocolor. En 2015 ganó el PP, pero PSOE e IU dieron la alcaldía a San Fernando de Henares Sí Puede (Podemos). La alcaldesa actual, Cati Rodríguez, ha sido procesada por casos relacionados, pertenece al sector errejonista y se presenta de nuevo bajo las siglas de Más Madrid, la nueva formación de Íñigo Errejón y Manuela Carmena.

La división de la izquierda es muy destacable en San Fernando como en otras muchas localidades madrileñas en las que todas las facciones de izquierda quieren conseguir acta de concejal. La izquierda en la localidad se ha atomizado en 5 candidaturas: PSOE, Más Madrid SFHSP, Podemos, Izquierda Unida-LV Madrid en Pie, Actúa-Verdes (Gaspar Llamazares).

Los vecinos lamentan la existencia de «agujeros millonarios, escándalos urbanísticos como el de Plaza de España, desde 1992, no se hace inventario municipal de bienes, no hay auditores en el ayuntamiento desde hace años, no hay interventores o secretarios titulares». Apuntan que hay un presupuesto municipal de 40 millones de euros y una deuda viva de cerca de 62 millones. Una cifra que corresponde a 2017 ya que no se conoce el dato de deuda a 31 diciembre 2018. Los “agujeros” de escándalos económicos o urbanísticos podrían superar los 150 millones de euros, según estos vecinos.

Además del ‘caso plaza de España’ hay otros muchos. Entre otros pufos, destacan: la Empresa Municipal del Suelo se liquidó con agujero de 10 millones, la expropiación de la Vaquería, el Museo de la Ciudad, la parcela UG5, la finca AENA, etc.

Caso Plaza

El caso de la plaza se investiga en varios juzgados por lo Penal, lo Mercantil y lo Contencioso-Administrativo. El Ayuntamiento constituyó con los vecinos de la plaza una una mercantil privada donde los segundos se quedaron el 51% del capital. Los vecinos aportaron sus viviendas a la sociedad. El ayuntamiento aportó la plaza y la registró, irregularmente, a
nombre de la sociedad, quedando “privatizada”. La sociedad pidió un crédito de 54M € a Caja Madrid, que para concederlo exigía que el preceptivo proyecto de reparcelación con el que registrar la plaza a nombre de la sociedad.

El proyecto de reparcelación se hizo irregularmente y con prisas y es en este punto donde está implicado Corpa. Se investiga el caso por prevaricación. PSOE e IU tenían prisa en obtener el crédito para poder presentarse a las elecciones municipales de 2011 con la plaza rehabilitada. Con ese fin, presuntamente se saltaron muchas normas.

El proyecto acabó fracasando, Caja Madrid embargó la plaza, incluidas las viviendas de los vecinos. Estos perdieron sus casas, fueron desalojados y hay que indemnizarles. La Comunidad de Madrid apoyó, además, las obras de rehabilitación con 900.000 euros. Sin embargo, la empresa constructora de las obras aún no ha cobrado, la plaza sigue embargada y el parking subterráneo cerrado. El dinero nunca se justificó y nadie sabe a ciencia cierta dónde terminó. El coste estimado, por ahora, de la operación es de 94 millones.

Corpa participó en las Juntas de Gobierno de 2019 y no mostró oposición a aprobar el proyecto de reparcelación de la plaza sin los informes técnicos ni el trámite de información pública preceptivos por ley. En las actas de esas Juntas de Gobierno se ve que el proyecto de reparcelación de plaza de España es el único que no fue sometido al trámite obligatorio de información pública. Otros proyectos urbanísticos distintos al de plaza de España sí fueron aprobados con ese trámite y con los informes requeridos.