La Fiscalía activó la denuncia contra el novio de Ayuso 3 horas después de ser detenido Koldo

La Fiscalía Provincial de Madrid activó la denuncia del novio de Ayuso, Alberto González Amador, el mismo día que detuvieron a Koldo García. La fiscal Pilar Rodríguez, que ha sido procesada por revelación de secretos en el caso de González Amador, remitió a los juzgados de Plaza de Castilla la denuncia del novio de Ayuso horas después que detuvieran a Koldo.

Todo ocurrió el 20 de febrero de 2024. Koldo estaba en su casa de Benidorm cuando los agentes de la Guardia Civil cumplieron la orden del juez de la entrada y registro en su domicilio. Lo hicieron a primera hora de la mañana y su detención tardó sólo unas horas en aparecer en los medios de comunicación. Habían detenido al asesor estrella del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Fue entonces cuando la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ordenó coger el expediente del novio de Ayuso y remitirlo a los juzgados de la capital. El día que estalló el caso Koldo, la fiscal Rodríguez judicializó en los tribunales el procedimiento que se seguía sobre el novio de Ayuso a raíz de una inspección fiscal.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que no sabían que el investigado Alberto González Amador era el novio de Ayuso. Sin embargo, la apertura de las pesquisas judiciales tardó poco en aparecer en los medios afines al Gobierno.

El caso Koldo, que empezaba a salpicar de corrupción al PSOE, se contraprogramó con la investigación judicial al novio de Ayuso. Rápidamente, la investigación judicial sobre el entorno de la presidenta madrileña acaparaba la agenda mediática.

Cronología del ‘caso del novio de Ayuso’

El caso del novio de Ayuso se gestó en la Fiscalía en febrero de 2024. El fiscal Julián Salto, que se encargaba del procedimiento, denunció el 13 de febrero de 2024. Tras ello, el 20 de febrero, su jefa Pilar Rodríguez remitió el expediente a los tribunales madrileños.

El 5 de marzo 2024, a las 09:47, la denuncia fue presentada para reparto en el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla. Unos días más tarde, el 13 de marzo, la denuncia fue adjudicada al Juzgado de Instrucción número 19, cuya titular es Inmaculada Iglesias.

El día 13 de marzo también transcendió a los medios de comunicación que el novio de Ayuso estaba siendo investigado por un presunto fraude fiscal a raíz de la filtración de los correos entre la Fiscalía y uno de sus abogados. La Fiscalía General del Estado, el 14 de marzo, informó sobre este procedimiento a través de una nota de prensa.

Fiscales procesados

Paralelamente al procedimiento de Plaza de Castilla, el Tribunal Supremo abrió una causa especial por la nota de prensa que la Fiscalía emitió para desmentir lo que consideraba un bulo, en alusión a la información publicada la noche anterior sobre este caso. Cuando el caso saltó al Supremo, el juez encausó al fiscal general por un delito de revelación de secretos.

La instrucción, que ha durado ocho meses, ha revelado como hubo mensajes entre la cúpula del Ministerio Fiscal para elaborar la mencionada nota. Fue supervisada y comentada por varios fiscales. La fiscal Pilar Rodríguez le dijo a sus compañeros que «le daban ganas de poner un poco de cianuro» a la nota difundida desde el Ministerio Público.

Pilar Rodríguez también hizo gestiones para conseguir los correos electrónicos que la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto, se intercambiaron en aras de llegar a un acuerdo. De este modo, por su notable participación en los hechos, Rodríguez fue imputada.

Ahora, el magistrado del Tribunal Supremo ha procesado tanto a García Ortiz como a Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador. Todo ello, dice, siguiendo «indicaciones» del Gobierno.

La investigación ha revelado que miembros del gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, maniobraron para llevar esta información a la Asamblea de Madrid. Están involucrados en esta operación Óscar López y la que fuera su jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera.

El auto, de 51 páginas, menciona un artículo del Código Penal que podría suponer penas de cárcel de hasta cuatro años y cinco de inhabilitación. No obstante, contra el mismo aún caben dos tipos de recursos: ante el propio juez y ante la Sala de Apelación. Los fiscales ya han anunciado su intención de recurrir.