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Tribunales

La UCO entra en el Ministerio de Igualdad por un fraude en la compra de pulseras antimaltrato con fondos europeos

La Fiscalía Europea indaga un uso fraudulento de fondos de la UE destinados a financiar estos dispositivos electrónicos

LA EXCLUSIVA DE OKDIARIO: El Gobierno pierde todos los datos sobre órdenes de alejamiento dictadas antes de marzo de 2024

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este jueves en el Ministerio de Igualdad para llevarse documentación relacionada con un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato. La operación está dirigida por la Fiscalía Europea, que ha detectado un uso irregular de fondos europeos destinados a la adquisición de estas pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

Los agentes de la UCO también han entrado en el Tribunal de Cuentas, que recientemente ha publicado un informe en el que alerta de «graves deficiencias» en la compra del Ministerio de Igualdad de estos dispositivos electrónicos, con un importe superior a los 100 millones de euros.

Fue OKDIARIO quien destapó en septiembre de 2025 los fallos de las pulseras antimaltrato. Unos fallos que han provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas. Igualdad perdió todos los datos de las órdenes de alejamiento por maltrato con Irene Montero como ministra.

La operación desplegada este jueves en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas ha sido anunciada por la propia Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, a través de un comunicado. Las actuaciones están siendo dirigidas por su oficina en Madrid.

«Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género», señala en su escrito.

Por el momento, la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre las personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias que se están practicando en ambas instituciones.