Los fiscales Alonso y Mota se disputan la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional

Este miércoles el Consejo Fiscal propondrá al candidato que ocupará la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Entre todos los aspirantes, esta reñida batalla la lideran el actual fiscal jefe, Jesús Alonso, que se presenta a su reelección y el fiscal Vicente González Mota. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el primero será respaldado por la Asociación de Fiscales –a la que pertenece– mientras que el segundo será propuesto por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación a la que pertenece la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Ésta tendrá la última palabra y será quien elija a uno de los dos para ocupar un cargo tan codiciado como es esta jefatura del Ministerio Público en el que se resuelven asuntos de suma importancia, entre los que figuran los delitos cometidos por la banda terrorista ETA.

Según ha podido saber este periódico, el actual fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cargo que ocupa desde 2017, ha transmitido a sus más allegados un mensaje de tranquilidad. «Alonso cree que será reelegido por cinco años más», aseguran fuentes consultadas. Durante el mandato de Alonso se han afrontado asuntos muy importantes como el juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils, que acabó con la condena de los tres acusados. La única decisión que ha podido suscitar controversia por parte de los socios de Pedro Sánchez –la izquierda abertzale– es porque está recurriendo prácticamente la mayoría de las peticiones de progresión de grado de los presos etarras insistiendo en que el arrepentimiento del condenado debe ser «expreso» y «sincero».

La Fiscalía ha conseguido tumbar progresiones de grado, del segundo al tercero, obtención de régimen de semilibertad, permisos e incluso excarcelaciones. Por ejemplo, al etarra Unai Fano, que llevaba desde enero en libertad, le comunicaron que debía volver a prisión en septiembre. La Audiencia y los fiscales entendieron que su excarcelación había sido «prematura» y que su carta de arrepentimiento por los delitos cometidos era «utilitarista».

Debido a su lucha contra las excarcelaciones de los asesinos de ETA, EH Bildu pide su cabeza para culminar los traslados a cárceles vascas y avanzar en la puesta en libertad de más terroristas mediante la concesión del tercer grado. Los de Arnaldo Otegi han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que mueva piezas y retire de la gestión penitenciaria a los representantes del Ministerio Público que recurren los beneficios penitenciarios concedidos por Interior a los etarras. Sin embargo, Alonso cuenta con un «gran apoyo» para su renovación en el cargo.

Por su parte, González Mota fue coordinador de terrorismo durante años. Goza de una extensa carrera en la Audiencia Nacional y es de la misma asociación a la que pertenece Delgado. En el año 2011, aseguró ante los medios de comunicación que «la banda terrorista ETA continúa en el lado de la ilegalidad, ya que, a pesar de haber comunicado este año el cese de acciones ofensivas y el alto al fuego, no ha renunciado a su estructura organizativa».

Con todo, y una vez escuchado al Consejo Fiscal, será Delgado quien tenga la última palabra sobre la elección porque son puestos de libre designación. Según reza el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 13, «corresponde al FGE, además de las facultades reconocidas en otros preceptos de este Estatuto, la de proponer al Gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos, previo informe del Consejo Fiscal, oído el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma respectiva cuando se trate de cargos en las Fiscalías de su ámbito territorial».

Los otros dos candidatos que aspiran a dicha vacante son los fiscales José Perals y Joaquín González-Herrero. Perals ejerce en la Audiencia Nacional desde 2013 y también cuenta con una amplia experiencia en casos de terrorismo, como la primera condena en España a la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, y en la lucha antidrogas, aunque también destaca su participación en procedimientos como el dirigido contra Ausbanc y Manos Limpias. Por último, González-Herrero fue nombrado como fiscal de la Audiencia Nacional en diciembre de 2018, cuando Dolores Delgado aún era ministra de Justicia.