García-Page también se rebela: «Si anulan la tarjeta médica a inmigrantes cargaré la cuenta al Estado»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este miércoles que si a esta región le anulan la tarjeta universal sanitaria — tras haber sido declarada inconstitucional este martes una normativa similar de la Comunidad Valenciana— alegando que es competencia del Estado, les «cargará la cuenta» y seguirá prestando la asistencia que considera «un derecho básico de quienes viven con nosotros».

García-Page se ha rebelado, pues, del mismo modo que anunciaba este martes la consellera de Sanidad, Carmen Montón, quien aseguró que la decisión del Constitucional afecta al Decreto Ley de atención universal “pero no a las instrucciones” para garantizar ese acceso, de distinto rango normativo, por lo que éstas siguen vigentes. Es decir, que la Comunidad presidida por Ximo Puig hará caso omiso de la sentencia del Constitucional y «todas las personas recibirán atención sanitaria».

El presidente castellano-manchego ha señalado que «sería bueno en estas fechas que algunos se hicieran mirar tanto golpe de pecho sensiblero pero que no tienen ningún reparo en quitarle la tarjeta sanitaria a los inmigrantes», y se ha preguntado «cómo podemos estar invirtiendo millones de euros en cooperación lejos de España y a la gente que viene aquí y le permite el Estado entrar le negamos lo más básico que es la sanidad».

Así se ha referido el presidente castellanomanchego al anuncio conocido este martes de la anulación de la tarjeta sanitaria universal a la Comunidad Valencia, durante la clausura de un taller de empleo en la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo.

«Nosotros hacemos lo mismo, contamos con casi 4.000 tarjetas sanitarias para personas que viven con nosotros, trabajan y aportan aquí sus impuestos», ha señalado tras apostillar: «Tenemos la suerte de que nuestra normativa no está recurrida».

En este contexto ha indicado que «si el Estado discute que son ellos los competentes, a mí un día me anulan la normativa para que la tarjeta sea universal y gratuita para todos los ciudadanos, no tengo el más mínimo reparo en cargarles la cuenta al Estado».

El presidente autonómico ha precisado también que la alternativa, si lo recurren, sería seguir atendiendo a la gente «porque estamos obligados a atenderles, curarlo primero y luego ver quién lo paga».

García-Page ha concluido manifestando que «si no lo tiene que pagar la Junta, mejor, se lo cargamos al Estado que sería bastante razonable en parte porque es el Estado quien es responsable de quien está o no en España y el responsable de las políticas de fronteras».